Tribunal surcoreano comienza sesión para decidir si expresidenta va a prisión

SEÚL. Un tribunal de Seúl comenzó la sesión en la que decidirá si acepta la petición de la fiscalía para detener de manera preventiva a la expresidenta surcoreana Park Geun-hye por su participación en la trama de corrupción de la “Rasputina”.

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Pese a no estar obligada a ello, la exmandataria se personó en la corte para asistir a la vista convocada para escuchar los argumentos de las partes y emitir después un veredicto, que se espera para última hora de hoy o para primera hora del viernes.

Si la corte acepta la petición de los fiscales, que acusan a Park de 13 delitos, la exmandataria, que fue destituida de su cargo el pasado de 10 de marzo por este caso de corrupción, sería detenida de inmediato e ingresada en un centro de detención del sur de Seúl.

En ese mismo centro se encuentran ya recluidos su amiga Choi Soon-sil, conocida como la “Rasputina” por su cercanía con Park, con quien supuestamente confabuló para crear una red para extorsionar a empresas, y también el heredero del grupo Samsung, Lee Jae-yong, acusado de haber pagado sobornos a dicha trama.

Los medios surcoreanos realizaron un importante despliegue para retransmitir en directo el trayecto que la expresidenta realizó desde su casa en el barrio de Samseong, donde unos 2.000 policías contuvieron a cientos de sus agitados seguidores, hasta los tribunales, donde llegó con gesto serio y se abstuvo de hacer declaraciones.

La fiscalía considera a Park sospechosa de delitos como abuso de poder, coacción, revelación de secretos de Estado o soborno, este último castigado por la ley surcoreana con un mínimo de 10 años de prisión y hasta con cadena perpetua.

Si el tribunal emite la orden que pide la fiscalía, Park se convertirá en el tercer ex jefe de Estado surcoreano en ser detenido tras el general Chun Doo-hwan y Roh Tae-woo.

El caso “Rasputina” degeneró en protestas masivas en el país desde el pasado otoño y ha acabado suponiendo la primera destitución de un presidente en Corea del Sur desde que se volvieron a celebrar elecciones democráticas en 1987.

Una treintena de personas están imputadas por esta trama, que salpica también a 53 empresas, entre ellas gigantes como LG, Hyundai o Samsung.

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