WASHINGTON. El Departamento de Justicia de EE.UU. había solicitado al Supremo que aceptara reconsiderar el caso de las medidas migratorias cuando la máxima instancia judicial del país estuviera completa, con nueve jueces y no compuesta por ocho magistrados, como ahora.
“Petición denegada”, dictaminó hoy en una breve notificación el Tribunal Supremo, instancia que, a la hora de pronunciarse sobre las medidas en junio, registró un empate entre sus cuatro jueces progresistas y sus cuatro conservadores, por lo que prevaleció el bloqueo decidido por una corte inferior.
El Tribunal Supremo tiene un juez menos debido a la inesperada muerte en febrero del juez conservador Antonin Scalia y la negativa de la mayoría republicana del Senado para aprobar el nombramiento como nuevo juez del Supremo de Merrick Garland, el magistrado propuesto por Obama.
Con su decisión, el Supremo entierra cualquier esperanza del Gobierno de Obama y de los millones de inmigrantes que se hubieran beneficiado de esas medidas migratorias decretadas en noviembre de 2014 y dirigidas a jóvenes indocumentados y padres con hijos con residencia permanente o ciudadanía estadounidense.
En su breve notificación, los jueces no explican los motivos de la decisión sobre las acciones ejecutivas de Obama, que fueron bloqueadas en febrero de 2015, un día antes de su entrada en vigor, a petición de 26 estados liderados por Texas y en su mayoría con gobernadores republicanos.
Ni en junio ni ahora los jueces se pronunciaron sobre uno de los temas principales del caso: si Obama se excedió o no en su capacidad ejecutiva al promulgar por decreto las medidas migratorias, que tienen carácter temporal y permiten a los beneficiarios frenar su deportación, conseguir un permiso de trabajo y una licencia de conducir.
La Casa Blanca ha defendido en varias ocasiones que Obama tiene poder para proclamar los beneficios migratorios, similares a otros promulgados en el pasado por dos expresidentes republicanos, Ronald Reagan y George H.W. Bush. No obstante, durante todo el proceso judicial, los estados demandantes defendieron que Obama fue demasiado lejos y que el Congreso es el único con capacidad para hacer reformas tan significativas.