El dictamen, con cinco votos a favor y cuatro en contra, se refiere al caso de un individuo del estado de Virginia que compró un arma con intención de pasársela a un familiar que vivía en Pensilvania y que no tenía prohibida la posesión de armas de fuego.
El caso se inició en 2009 cuando Bruce James Abramski, un expolicía, compró en Collinsville (Virginia) una pistola Glock 19 y luego se la transfirió a su tío en Easton (Pensilvania).
La fiscalía sostuvo que Abramski había asegurado al armero en Virginia que él era el comprador auténtico del arma tras haber acordado con su tío la compra del arma para que se beneficiase del descuento policial.
Abramski argumentó que dado que tanto él como su tío tenían permiso para adquirir y poseer armas, la ley no debería aplicarse a ellos.
El fallo de hoy resuelve una discrepancia que ha existido durante años entre los tribunales de aplicaciones en torno a las leyes federales de armas que buscan impedir la adquisición de armas por intermediarios con el único propósito de pasársela a otra persona.
La juez Elena Kagan, que escribió el dictámen de la mayoría, dijo que el elaborado sistema del gobierno federal para verificar los antecedentes y llevar un registro de transacciones ayudará a investigar crímenes al rastrear a los compradores de las armas.
El juez Antonin Scalia, que redactó la opinión disidente, sostuvo que el texto de la ley no especifica que sea un crimen que el propietario legal de un arma adquiera una a otro propietario legal de armas.