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El tribunal de tres jueces “declara la responsabilidad penal” de Sergio Rodríguez, gerente ambiental de Desarrollos Energéticos SA (DESA), y otros seis acusados, según el fallo leído en un juzgado de Tegucigalpa. En base a “pruebas sólidas” y por unanimidad de los tres jueces de la sala, la resolución precisa que el próximo 10 se determinará cuántos de años cárcel impone a cada culpable.
El escrito detalla que Rodríguez coordinó con el mayor del ejército Mariano Díaz, el exjefe de seguridad de DESA Douglas Bustillo y “otro ejecutivo” de esa empresa, para contratar a cuatro sicarios que mataran a la coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh).
Los cuatro sicarios son Henry Hernández, Elvin Rápalo, Edilson Duarte y Óscar Torres. Según el relato de hechos, al menos dos personas ingresaron violentamente en la casa de Cáceres, en la comunidad de La Esperanza (oeste), hacia las 23:00 hora local del 2 de marzo de 2016 y mataron a tiros a la ambientalista e hirieron al mexicano Gustavo Castro, dejándolo vivo porque fingió estar muerto. Otro hombre los transportó en un vehículo y un cuarto los acompañó. Además, quedó evidenciada una oferta económica de 100.000 lempiras (poco más de US$ 4.000) para los sicarios.
El fallo explica que quedó comprobado el delito de “asesinato” por parte de Rodríguez, Bustillo y Díaz y de “asesinato”, y “tentativa de asesinato” de Castro contra los cuatro sicarios. El delito de asesinato se castiga con una pena de 30 años de cárcel a cadena perpetua. El tribunal absolvió a Emerson Duarte -hermano gemelo de Edilson-, acusado por la fiscalía de complicidad porque en su casa, en el caribeño puerto de La Ceiba, se encontró el arma homicida, pero no se pudo probar que tenía conocimiento de que la pistola había sido usada para asesinar a la ambientalista.
El poder Judicial tiene pendiente comenzar el juicio del noveno acusado, el expresidente de DESA encarcelado por el caso, David Castillo.
Berta Isabel Cáceres Flores, una indígena hondureña laureada internacionalmente, fue una incansable luchadora en defensa del medio ambiente hasta que acabaron con su vida. Nacida el 4 de marzo de 1972 en la comunidad de La Esperanza, fundadora en 1993 del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas (Copinh), junto a su entonces esposo, Salvador Zúniga, Berta se granjeó una reputación como defensora de la naturaleza que la llevó a merecer un prestigioso premio ambientalista, pero también a la muerte.
“En nuestras cosmovisiones somos seres surgidos de la tierra, el agua y el maíz. De los ríos somos custodios ancestrales”, declaró el 20 de abril del 2015 al recibir el premio ambiental Goldman en San Francisco, California. Al fundar el Copinh, Berta y Salvador daban un paso al frente para organizar a los indígenas lencas, una etnia de unos 400.000 miembros que viven en condiciones de pobreza entre los departamentos de Intibucá, Lempira y Santa Bárbara (oeste), en defensa de sus territorios, codiciados por compañías hidroeléctricas y mineras.
El Copinh se insertó en el movimiento social hondureño en favor de las reivindicaciones sociales y la defensa de la tierra. La última lucha que emprendía la mujer, de baja estatura, cara redonda, ojos vivaces y abundante cabellera negra, era en defensa del río Gualcarque, en Santa Bárbara, contra la compañía DESA, que pretendía construir una represa hidroeléctrica.
En 2013 otra empresa terminó renunciando a una construcción en el mismo río, luego de masivas manifestaciones emprendidas por ella y el Copinh, en una de la cuales murió en junio de ese año a manos de un militar su compañero Tomás García. La asesinada dirigente ambientalista elevó su voz de protesta a través de manifestaciones públicas y en todo tipo de foros dentro y fuera de Honduras.