LIMA. La prensa peruana afirma que es la única ley de este tipo en América Latina.
“Se resuelve admitir a trámite la demanda de inconstitucionalidad interpuesta (...) contra la ley que regula el gasto de publicidad del Estado peruano”, dispuso el Tribunal en una resolución, al aceptar un primer recurso presentado el miércoles pasado por 33 legisladores críticos de esta ley, también rechazada por el gobierno.
Un segundo recurso con el mismo fin fue presentado un día después por el gobierno, que argumentó que con esta ley están “resquebrajándose derechos constitucionales que son fundamentales, entre ellos el derecho a la información”.
Esta ley, aprobada por el Congreso el 14 de junio, selló el fin de la ’luna de miel’ entre el presidente Martín Vizcarra y la oposición liderada por Keiko Fujimori.
El Tribunal Constitucional demorará algunos meses en dictar su fallo, que será inapelable, lo que llevó al legislador oficialista Juan Sheput a proponer este lunes que el propio Congreso la derogue mediante una nueva ley. “¿Para qué esperar meses? (...) Basta con un proyecto de ley que la derogue, así se volverá a fojas cero”, dijo el legislador, afirmando que esta norma ya “está generando una serie de efectos perversos y dañinos” al país.
El 18 de junio, el Congreso publicó la ley en el diario oficial El Peruano, con lo que entró formalmente en vigor y las demandas de inconstitucionalidad son el último recurso del gobierno para anular la polémica norma.
Aunque el gobierno se opuso a esta norma, se convirtió automáticamente en ley al ser aprobada en dos ocasiones por la mayoría del Congreso. El propio mandatario, así como los medios peruanos, la denominan la “Ley Mordaza”.
Los medios peruanos han recibido el apoyo de organizaciones internacionales, como la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y la Asociación Internacional de Radiodifusión (AIR), para eliminar la controvertida ley.
Este proyecto de ley ya había sido objetado en marzo por el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski, quien se negó a promulgarlo y lo devolvió al Congreso.
Sin embargo, el Parlamento unicameral insistió por segunda vez, superando así la facultad de veto del mandatario, por lo que se convirtió automáticamente en ley.