Dos hombres y una mujer policías fueron arrestados “por su presunta responsabilidad en los delitos de tortura, abuso de autoridad, uso ilegal de fuerza pública”, dijo la fiscalía en un comunicado.
Uno de los uniformados fue acusado también “por el delito de abuso sexual con penalidad agravada”.
Los policías están acusados de haber agredido brutalmente a dos hombres detenidos el 6 marzo de este año para ser “sometidos a una revisión de rutina cuando tripulaban una motocicleta” en calles de Ciudad Juárez, de 1,5 millones de habitantes y considerada la más violenta de México.
De acuerdo con la denuncia, presentada por las víctimas y tomada como válida por la fiscalía, los policías primero los sometieron a un interrogatorio para conocer su situación económica y después fueron trasladadas a instalaciones de un antiguo tribunal para menores abandonado, donde “les pusieron cinta de plástico tipo industrial sobre los ojos y boca, para después golpearlos de manera severa ya que querían saber en donde vendían droga”, indica el boletín.
“A una de las víctimas le hicieron que se tragara con orines unos casquillos de bala y luego le colocaron un arma de fuego en las manos para que matara a su amigo, a quien habían golpeado brutalmente”, añade el comunicado.
Al no obedecer la orden, un agente lo agredió sexualmente con un bate de madera.
El hombre que fue obligado a tragarse el casquillo se convulsionó y fue trasladado a un hospital público, donde los reportes médicos dieron cuenta de las lesiones que sufrieron las víctimas y que, con los exámenes médicos, constituyen parte de las pruebas contra los policías.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos ha alertado sobre el incremento de la tortura y de los tratos crueles e inhumanos en México en el marco de la lucha contra el narcotráfico en los últimos seis años.
Hasta marzo pasado, este organismo emitió 5.176 recomendaciones por tratos crueles e inhumanos, 113 de ellas por tortura infligida por militares y policías.
Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía, entre 2006 y 2010 hubo en el país sólo un procesamiento y ninguna sentencia condenatoria por tortura en la jurisdicción federal.