El Consejo Nacional Electoral (CNE) “acata las medidas ordenadas por los tribunales y ha girado instrucciones de posponer el proceso de recolección hasta nueva instrucción judicial” , señaló la institución en un comunicado.
Los tribunales penales de los estados de Aragua, Carabobo, Bolívar y Apure anularon por “fraude” la recolección de firmas del 1% del padrón electoral, que realizó en abril la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) para promover el referendo, anunciaron los gobernadores oficialistas de esas regiones.
La MUD, que acusa al poder electoral y a la justicia de estar controlados por el gobierno chavista, debía realizar el recaudo de cuatro millones de firmas (20% del padrón electoral), del 26 al 28 de octubre, último paso para que el CNE llame al revocatorio.
Ante miles de partidarios en Monagas, el número dos del chavismo, Diosdado Cabello, añadió en la lista a ese estado, aunque el CNE no lo incluyó en su comunicado, y pidió “prisión” para los acusados del fraude.
Más temprano, sin aludir directamente a las sentencias, Maduro se refirió a las supuestas irregularidades. “Hicieron un fraude gigantesco (...) la tramposería sale” , dijo antes de partir a una gira por Oriente Medio.
Desde hace días, la alianza opositora venía advirtiendo de posibles decisiones contra el proceso por parte de la justicia y del poder electoral. Aún no reaccionó al anuncio del CNE, aunque que sí lo hizo uno de sus principales dirigentes.
“El Gobierno hoy empuja a un escenario muy peligroso y de aumento de la crisis. Maduro se declaró en desobediencia, no respeta la Constitución” , aseguró el excandidato presidencial Henrique Capriles, en su cuenta de Twitter.
La MUD ha estado segura de superar holgadamente el mínimo exigido del 20%, dada la impopularidad del presidente socialista por la grave crisis económica, reflejada en una aguda escasez y una inflación que el FMI calcula en 475% este año.
Según la firma Datanálisis, un 76,5% de los venezolanos reprueba la gestión del presidente y 62,3% votaría por revocarlo.
El CNE había advertido que el incumplimiento del 1% del padrón electoral en al menos una de las 24 regiones (23 estados más el Distrito Capital) echaría por tierra el proceso.
El constitucionalista José Ignacio Hernández aseguró a la AFP que la decisión del poder electoral es “totalmente” contraria a la Carta Magna, pues “un tribunal penal no puede anular un proceso comicial, solo podría investigar supuestos delitos electorales” .
Hace meses, el oficialismo interpuso ante los tribunales 8.600 acciones legales contra la recolección del 1% aduciendo que la MUD incluyó firmas de fallecidos, menores de edad y convictos.
“Ellos han sido fraudulentos siempre” , “¿No metieron 50.000 muertos ahorita en el fraude que hicieron? ¿No falsificaron la firma de 500.00 personas ahorita en la recolección de firmas?” , señaló Maduro temprano.
En reiteradas ocasiones, el oficialismo aseguró que buscaría cerrar el paso al referendo contra Maduro, elegido en abril de 2013 tras la muerte de su mentor Hugo Chávez y cuyo mandato concluye en enero de 2019.
El camino hacia el referendo ha estado lleno de obstáculos para la oposición, que tras ganar las elecciones parlamentarias en diciembre pasado empezó en marzo las gestiones para sacar a Maduro del poder a través de un referendo.
El último de esos escollos fue que el pasado lunes el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) resolvió que, en esta último etapa, se debía recaudar firmas equivalentes al 20% del padrón electoral de cada uno de los estados, por lo que con solo uno que no cumpliera la meta, el proceso quedaría invalidado.
El CNE también ya había adelantado que, si se cumplían las cuatro millones de rúbricas, la consulta se haría a partir de febrero de 2017, cuando Maduro, aun revocado, podrá ceder el poder a su vicepresidente.
La oposición estaba confiada en que la presión ciudadana obligaría al CNE a realizar el referendo este año para que hubiera elecciones anticipadas.