“Se SUSPENDEN los efectos de las sesiones celebradas los días 26 y 28 de abril, y 03, 05, 10, 12 y 17 de mayo de 2016, junto a los actos producidos en ellas ” , dice el fallo de la Sala Constitucional del TSJ que se dio a conocer este sábado. Se indica en la decisión del Supremo que los días 26 y 28 de abril la junta directiva de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) y su mayoría opositora “ aprobó inconstitucionalmente ” un voto de censura contra el ministro de Alimentación.
Esos días, además se dio la primera discusión del proyecto de Ley de Protección e Indemnización a Usuarios frente a fallas del Servicio Eléctrico, el proyecto de Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones y el Acuerdo para dignificar el salario mínimo de los trabajadores en Venezuela. Los demandantes, un grupo de diputados chavistas, solicitaron al TSJ que se declare la nulidad de esas jornadas legislativas “ por razones de inconstitucionalidad e ilegalidad de los actos de fijación de las sesiones y cambio de agenda de la Asamblea Nacional ” .
Con respecto a las sesiones realizadas en el mes de mayo, los diputados chavistas también pidieron su nulidad porque “ persistía la conducta irregular por parte de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional y su mayoría relativa ” . Entre esas supuestas irregularidades se señala que las sesiones se convocaron con menos de 48 horas de anticipación y que se cambió el contenido del orden del día sin advertencia previa.
En la sesión del día 17 de mayo fue sometido a consideración de la plenaria el decreto presidencial de estado de excepción y emergencia económica. En la decisión de la máxima corte, firmada por la presidenta del TSJ, Gladys Gutiérrez, se ordena además citar al presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Allup; a la fiscal general, Luisa Ortega; al procurador general, Reinaldo Muñoz, y al defensor del pueblo, Tarek William Saab.
Desde que el Parlamento de contundente mayoría opositora se instaló el pasado 5 de enero, el Supremo venezolano ha tomado decisiones en las que suspende o anula los resultados de las sesiones legislativas. En julio pasado, tras una decisión del TSJ contraria al Parlamento, Ramos Allup dijo: “ Vamos a seguir cumpliendo con nuestros deberes constitucionales contra las decisiones inconstitucionales que dicte esa Sala Constitucional que es un apéndice, es el bufete del Gobierno ”