El Procurador General del Estado, Héctor Arce, presentó una denuncia contra Ricardo Aguilar y contra la directora de La Razón, Claudia Benavente, por los supuestos delitos de espionaje y revelación de secretos en el reportaje “De cómo en la demanda marítima triunfó la idea de los 'actos unilaterales'”, publicado el 13 de abril pasado.
Arce consideró que, en la nota sobre la demanda marítima boliviana publicada por La Razón, Aguilar reveló secretos de Estado y espió, por lo que le instruyó para que revele los nombres de las fuentes reservadas que usó.
La nota narra los detalles de la forma en que Bolivia elaboró la demanda contra Chile presentada en abril de 2013 en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya para pedir un fallo que ordene al Estado chileno a negociar su demanda de una salida al mar.
De ser hallados culpables, en el caso de espionaje, los periodistas pueden afrontar una pena de hasta 30 años de prisión, sin derecho a indulto, y de uno a seis años de prisión por revelación de secretos de Estado.
La defensa de los periodistas recusó la demanda por haber sido presentada ante la justicia ordinaria y no ante tribunales especiales, como establece la Ley de Imprenta.
Claudio Paolillo, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, dijo que se trata, una vez más, de un “claro episodio de tensión entre prensa y Gobierno”.
Sostuvo que en este caso la prensa “ hace su trabajo de investigación, pensando en el derecho del público a la información”, y el Gobierno “busca mantener todo en sigilo, considerando que cualquier información que no sea oficial es una conspiración o traición a la patria”.
Paolillo, director del semanario uruguayo Búsqueda, expresó la preocupación de la organización por esta demanda penal porque, “bajo la excusa de un mal entendido nacionalismo, se pretende acallar o al menos intimidar el trabajo y la función investigadora de la prensa”.
Varias organizaciones de prensa y periodistas respaldaron a los periodistas y al diario y han exigido que se retire la demanda con el argumento de que “este tipo de conflictos no puede dilucidarse ante la justicia ordinaria”.