Sin transporte público, con las estaciones de trenes y los ingresos al metro clausurados, así como muchos comercios con las persianas cerradas, miles de automóviles particulares y algunas bicicletas se dirigían hacia el centro de Buenos Aires, constató la AFP en una recorrida por la ciudad.
Con las cifras macroeconómicas en declive, especialmente la inflación, que ya se proyecta por encima de 40% para 2018, y el Producto Interno Bruto, calculado en -2,4% para fin de año, los sindicatos detienen además el tráfico aéreo, la carga terrestre, la banca y la administración pública, incluyendo escuelas, hospitales y universidades.
Se trata del segundo paro general desde que el gobierno de Macri suscribió en junio un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional por 50.000 millones de dólares, de los cuales ya recibió 15.000 millones, pero que espera poder ampliar a un monto superior.
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“El gobierno tiene que entender que no vamos a ser los trabajadores los que paguemos la crisis porque no somos los que la generamos. No nos enriquecimos con la especulación financiera, no somos los que especulamos con el dólar, sino que somos los que estamos sufriendo la devaluación brutal de nuestras condiciones de vida”, dijo a la AFP la docente Erica Seiter, en un piquete en el ingreso sur a la capital.
La jornada fue convocada como una huelga sin manifestaciones, pero sindicatos y partidos de izquierda radicalizados realizan pequeños piquetes en distintos puntos de las autopistas para bloquear la llegada de automovilistas desde la periferia hacia Buenos Aires, que en las jornadas laborales duplica su población de casi tres millones de habitantes. Contingentes de la gendarmería están desplegados para impedir el cierre total de los accesos.
“Está habiendo muchos despidos. Mi situación económica es malísima, terrible. Hoy la canasta básica (de alimentos) ronda los 16.000 o 17.000 pesos y no llegas a cubrirlo. En mi caso, con dos trabajos en negro (informales) llego a 15.000 pesos, trabajando 17 horas por día. En Argentina no estamos viviendo, estamos sobreviviendo por todos estos ajustes que plantea el gobierno”, dijo cerca de uno de los bloqueos Juan Carlos Díaz, un camionero recientemente despedido.
El desempleo sigue al alza, con 9,6% en el segundo semestre de 2018, y se calcula que el índice de pobreza que se anunciará esta semana romperá la tendencia a disminuir que traía y que la ubicó en 25% al cierre de 2017. Una huelga anterior, el pasado 25 de junio, dejó pérdidas por unos 29.000 millones de pesos, entonces equivalentes a unos 1.000 millones de dólares, según el gobierno.
Macri, un liberal de centroderecha, insiste en que Argentina no puede gastar más de lo que produce y se ha propuesto alcanzar un déficit primario cero para 2019. Para ello, necesita que el Congreso, en el que no cuenta con la mayoría, le apruebe el proyecto de presupuesto que introdujo la semana pasada. La presión de los sindicatos, que exigen ajustes salariales acordes con la inflación, es uno de sus principales obstáculos.
La huelga coincide con el día en que Macri se dirige en un discurso a la Asamblea General de Naciones Unidas, en Nueva York. El presidente argentino ha aprovechado el viaje, en el que lo acompañan el canciller, Jorge Faurie, y el ministro de Economía, Nicolás Dujovne, para reunirse con inversionistas y transmitirles un mensaje de confianza. En una entrevista con Bloomberg TV, Macri aseguró el lunes que el nuevo acuerdo con el FMI “está cerca” y “ofrecerá más confianza al mercado”.
“Vamos a tener más apoyo del FMI. No puedo decir cuánto, porque estamos negociando”, indicó el presidente que en la noche cenó con Christine Lagarde y recibió el premio Global Citizen. Argentina, la economía emergente que más ha sufrido este año, con una depreciación de su moneda de 50% desde enero, necesita frenar la fuga de capitales en un contexto internacional volátil.