El proyecto regula la venta de siete aviones Bombardier CRJ900, que Pluna adquirió con el Estado uruguayo como garante, y la posterior negociación de las rutas aéreas a cambio de la contratación de exempleados de la aerolínea, enviados al seguro de desempleo.
Según el proyecto, se prevé la posibilidad de que haya dos subastas de los aviones. La primera con una base de 135 millones de dólares, equivalentes a la deuda con garantía del Estado ante el canadiense Scotiabank, que financió la compra de las aeronaves.
Si no hay interesados, habría una segunda subasta “a la baja”, con una base de 100 millones de dólares. Si no se alcanzan los 135 millones de dólares, el Estado aportaría el dinero faltante para pagar al Scotiabank.
El oferente deberá negociar con el Ejecutivo la compra de las frecuencias y la incorporación de exfuncionarios de Pluna para esos siete aviones.
“Es una situación dolorosa y justamente el Estado está buscando a través de esta ley los mejores caminos” para los extrabajadores de la aerolínea y la conectividad del país, destacó el senador oficialista Daniel Martínez, quien presentó el proyecto, cuyo objetivo es “recuperar más rápido la conectividad y darle solución al problema de los trabajadores y eventualmente a los recuperos para poder cumplir las deudas y compromisos con otros actores de la sociedad”.
Se espera que el proyecto de ley sea aprobado con los votos del oficialismo, mientras que la oposición solo acompañaría tres artículos referidos a la situación de los funcionarios de la aerolínea.
La oposición cuestionó duramente el papel del gobierno en la quiebra de Pluna, a cargo del Estado desde el 15 de junio, cuando se produjo la salida del socio privado mayoritario LeadGate, dueño del 75% de las acciones desde 2007, tras su negativa a capitalizar la empresa.