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La oficina de Appleby en las Islas Caimán, donde trabajó, por ejemplo, tenía más de 600 clientes en sus libros cuyos registros estaban etiquetados “en incumplimiento”, o sea, la firma offshore no tenía identificaciones actualizadas, información de contacto u otros detalles que ayudan a la fira a asegurarse de que no estaba estableciendo compañías pantalla u otras estructuras para criminales o políticos corruptos.
Cinco años después, Woods había ascendido en la firma, convirtiéndose en director de cumplimiento. Pero las cosas no habían mejorado mucho, al menos de acuerdo a una presentación en PowerPoint que parece haber armado hacia finales de 2011.
La presentación de 44 páginas, que mostraba imágenes del drama mafioso de HBO Los Soprano, resaltaba puntos bajos en la historia reciente de Appleby. Bajo una plantilla titulada “Ofensas de Financiación de Terrorismo”, se leía: “Tenemos un caso actual en que tenemos alrededor de 400.000 que definitivamente están sucios y no es fácil lidiar con eso”.
En otro caso, las notas de Woods indicaban que Appleby estableció un fideicomiso para un cliente para comprar propiedades en Londres y aceptó dinero en su nombre “sin preguntas”. Appleby luego descubrió, según la presentación, que el dueño del fideicomiso era un exmiembro del gobierno paquistaní acusado de malversar dinero público y que había “infiltrado fondos supuestamente corruptos en nuestra empresa”.
“Algunas de las cosas que aceptamos son increíbles, totalmente increíbles”, decían las notas de la presentación bajo una plantilla que listaba la información que los empleados de Appleby debían saber de sus clientes.
Una filtración de 6,8 millones de registros confidenciales revela cómo Appleby a menudo no ha rechazado clientes cuestionables, antes y después de la presentación de PowerPoint de Woods en 2011. Los documentos exponen las presencias offshore secretas de políticos y estafadores, y complejas estrategas de evasión de impuestos empleadas por Apple, Nike y otros gigantes corporativos.
Los emails, registros de clientes, solicitudes bancarias, papeles judiciales y otros archivos fueron obtenidos por el diario alemán Süddeutsche Zeitung y compartidos con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) y otros organizaciones periodísticas. Representan el funcionamiento interno de Appleby entrela década de 1950 y 2016.
Appleby no dio respuestas a preguntas detalladas del ICIJ. Publicó una declaración diciendo que Appleby está comprometida a altos estándars. Luego de una incisiva y vigorosa investigación, dijo Appleby, refutó toda alegación de faltas por parte de la compañía y sus clientes.
Appleby dijo: “Somos una firma legal offshore que asesora a clientes sobre formas legítimas y legales de conducir sus negocios. No toleramos comportamiento ilegal. Es verdad que no somos infalibles. Donde hallamos que se cometieron errores actuamos rápido para arreglar las cosas y notificamos según lo necesario a las autoridades relevantes”.
Appleby, con su sede central en Bermuda, es una de las más prestigiosas firmas legales offshore del mundo. Aunque Appleby no es una asesoría de impuestos, la firma de 119 años de historia es un miembro líder de la red global de abogados, contadores, banqueros y demás agentes que establecen y gestionan compañías offshore y cuentas bancarias para clientes que buscan evadir impuestos o mantener ocultas sus finanzas.
Además de ayudar a establecer compañías pantalla, fideicomisos y otras entidades offshore, la firma tiene varias subsidiarias, afiliadas y unidades comerciales que redactan testamentos, litigan en nombre de clientes involucrados en accidentes laborales y divorcios, y asesoran a corporaciones. Los norteamericanos representan la mayor clientela de Appleby; la fira ha trabajado para residentes de los 50 estados de EE.UU.
Appleby se considera un líder de la industria, probando al mundo que la industria offshore puede operar de forma limpia y profesional. “Proveemos asesoramiento innovador, rápido y ético”, dice la firma en su folleto de ocho páginas.
Entre cócteles, cenas y mesas de conferencia, se reúne con clientes importantes, muchos de los cuales son bancos líderes y firmas de contaduría como KPMG, Ernst & Young y Pricewaterhouse Coopers. En las Islas Caimán, la mitad de los 20 principales clientes de Appleby en 2014 eran grandes bancos y firmas de inversiones, incluidos Citigroup, Bank of America, HSBC, Credit Suisse y Wells Fargo.
Cuando el ICIJ y sus asociados comenzaron a publicar la investigación de los Papeles de Panamá en abril de 2016, los promotores offshore minimizaron su importancia. Dijeron que Mossack Fonseca, la firma de abogados con base en Panamá que estaba en el centro del escándalo, era la excepción.
“Mossack Fonseca representa uno de los últimos bastiones de un sistema financiero internacional clandestino que está desapareciendo rápidamente”, reportó la revista Wealth Magazine.
Los archivos internos de Appleby, sin embargo, muestran que incluso cuando las firmas offshore invierten grandes cantidades de dinero y esfuerzo en mantener su buena reputación, el secretismo y el atractivo de ganancias financieras en el corazón de la economía clandestina hacen difícil que los agentes offshore eviten hacer negocios con criminales, políticos corruptos y otros clientes cuestionables.
“EL LAVADO DE DINERO ES UN CRIMEN SUCIO”, gritaban las notas de la presentación de PowerPoint de Woods, en mayúsculas para darle énfasis. “USUALMENTE SIEMPRE HAY UNA VÍCTIMA EN EL FONDO DEL MONTÓN Y UNA PERSONA RICA EN LA CIMA”.
Woods, quien sigue siendo director de cumplimiento de Appleby, declinó comentar cuando el ICIJ le preguntó si, en su opinión, la firma había mejorado sus prácticas de verificación de clientes desde 2011.
La presentación es una de al menos cuatro hechas en PowerPoint por el equipo de cumplimiento de Appleby entre 2007 y 2015 que elevaban cuestionamientos sobre qué tan bien verificaba la firma a sus clientes. No está claro si estas presentaciones se mostraron a empleados de Appleby. Pero en todas ellas, las notas al fondo de cada plantilla daban comentarios abiertos sobre las fallas de cumplimiento de Appleby.
“Ocho por ciento de la batalla se gana o se pierte al principio”, rezaba una plantilla usada repetidamente en las presentaciones. “Si dejamos entrar a los clientes equivocados, nos dirigimos a una caída”.
Appleby nació en 1898 en la colonia británica de Bermuda como una práctica privada del mayor Reginald Woodfield Appleby, un magistrado amante del té, el cricket y los rifles que se convirtió en miembro del parlamento de la isla y fue declarado caballero “por servicios públicos en Bermuda”. Tal era su estatus que cuando el mayor Appleby zarpó para unas vacaciones en Inglaterra en 1924, The Royal Gazette & Colonist Daily predijo un aumento de crímenes durante su ausencia.
Cuando los legisladores de Bermuda se reunieron en julio de 1940 para debatir el primer impuesto de ingresos de la isla, el mayor Appleby se alineó con “aquellos que ven todo tipo de impuestos de ingresos como el último refinamiento de la tortura, a ser resistido a cualquier costo”, reportó The Royal Gazette. Bermuda nunca ha mirado atrás; sigue atrayendo a locales y extranjeros con un índice de impuestos de cero.
Desde su expansión más allá de Bermuda en 1979, Appleby se ha transformado en una institución global con más de 700 empleados en casi todos los grandes paraísos fiscales, desde las Islas Caimán en el Caribe hasta la Isla de Man en Europa, Mauricio en África y Hong Kong en Asia. “Parecen un monstruo. ¡Lo que es bueno!”, respondió un cliente de Appleby a una encuesta de satisfacción en 2013.
Appleby recoge premios de “Firma Offshore del Año” y es citada como parte de lo que los conocedores llaman el “Círculo Mágico Offshore”, un grupo informal de las mayores firmas offshore del mundo que pujan por los mismos negocios. Exempleados sirven como miembros de parlamentos, jueces y miembros de gobiernos, y al menos una jurisdicción de bajos impuestos, las Islas Cook, usó la asesoría de Appleby para redactar sus propias leyes offshore.
Públicamente, la firma ha adornado su imagen esponsorando la America’s Cup, corridas familiares y ventas de pasteles. En publicidades, Appleby resalta sus obras benevolentes, incluyendo su ayuda en recuperar dinero de la familia del exdictador nigeriano Sani Abacha y la administración de un fondo de millones de dólares para apoyar a enfermeras que tratan el virus ébola en África.
Entre sus clientes se incluyen princesas, primeros ministros y estrellas de Hollywood. Appleby ha trabajado para algunos de los oligarcas más ricos del mundo, en Rusia, el Medio Oriente, Asia y África. En la oficina de la compañia en Bermuda, más de una de cada 10 compañías tenían vínculos con clientes conectados con la política, incluyendo políticos, sus familias y socios cercanos, de acuerdo a un memorando interno. Muchos de los clientes de más alto perfil eran gerenciados por equipos de Appleby separados de especialistas. En abril de 2016, Appleby anunció la venta de la rama que gestionaba las compañías y fideicomisos, aviones y demás bienes de la élite global. Appleby y la nueva compañía, Estera, siguen siendo cercanas; algunos exempleados de Appleby ahora trabajan en Estera, desde oficinas con la misma dirección que las que ocupaban antes.
La receta para el éxito de Appleby ha dado resultados en lo financiero y con sus clientes. Appleby registra más de US$ 100 millones en ganancias cada año. Clientes dicen a la firma que la consideran “trabajadora” y “amistosa”. Un cliente feliz dijo a Appleby que su “marca es como estar varado en medio de África y ver un avión de BA [British Airways] aterrizando: sabes que vas a salir de allí”.
Apple comparte la confianza de sus clientes. Días después de la publicación de los Papeles de Panamá el año pasado, Appleby rechazó una oferta de una firma de consultoría de riesgos de un curso de entrenamiento contra el lavado de dinero “de refresco”. La firma declinó, explicando que tiene controles “extremadamente robustos”. “No necesitamos sus sesiones en esta ocasión”.
El 29 de junio de 1993, con recuerdos de los combates de EE.UU. en Kuwait aún frescos, un subcomité de la Casa de Representantes se reunió para discutir el programa de armas nucleares de Irak. Irak había violado un acuerdo para permitir a inspectores de las Naciones Unidas examinar el arsenal del país y había mucha preocupació internacional.
“Irak sigue exhibiendo su poderío militar, masacrando a sus propios ciudadanos en el norte, y a los chiítas iraquíes en el sur”, dijo el congresista demócrata Tom Lantos en su introducción, poco después de las 10 a.m. de ese día.
Lantos leyó un reporte de los funcionarios de su subcomité. Entre sus descubrimientos estaba que Crescent Petroleum, una gran compañía privada de petróleo, estaba siendo investigada por las autoridades de EE.UU. para determinar si era una “compañía pantalla” del presidente iraquí Saddam Hussein. Crescent quizá no estaba creando armas por sí misma, pero “ciertamente estaba vinculada a la principal organización iraquí que lo hacía”. Crescent, hasta ahora, niega haber cometido faltas.
La audiencia del 29 de junio fue trasmitida en vivo en EE.UU. Pero no parece haber llamado la atención de la oficina de Appleby en Bermuda.
Crescent Petroleum, propiedad de Abdul Hameed Dhia Jafar, había sido cliente de Appleby desde 1984. Por casi 20 años, la relación de Appleby con Crescent procedió sin problemas, de acuerdo a los archivos de la firma. Fue solo cuando Crescent buscó ayuda legal de Appleby para reestructurar la compañía en 2013 que la firma pareció notar sus antecedentes por primera vez, incluido el hecho de que su hermano era el líder del programa de armas nucleares de Irak bajo Saddam Hussein.
“Hemos tenido esta relación por mucho tiempo”, escribió un abogado de Appleby. “¿Cómo es que no supimos esto antes?”.
Si bien las reglas y regulaciones cambian, en muchas de las más ajetreadas oficinas de Appleby, gran parte de su trabajo está gobernado por reglas que requeren a proveedores offshore obtener y mantener registros precisos de quién usa sus servicios, para qué propósitos y de dónde viene el dinero.
Otro cliente que parece haberse colado fue Ayre Laniado, director y co-propietario de Omega Diamonds, una compañía belga que opera en el cambio de diamantes en Amberes. En mayo de 2013, medios belgas reportaron que Omega Diamonds había accedido a pagar cerca de $200 millones para acordar alegaciones de fiscales y autoridades de impuestos de que la compañía había comerciado ilegalmente diamantes africanos. Omega no admitió culpabilidad y el caso no involucró a Laniado.
Luego, cuando Laniado quiso crear un nuevo fideicomiso, un empleado de Appleby señaló los reportes sobre los problemas legales de su compañía pero permitió que la firma hiciera negocios con él.
Appleby creó el nuevo fideicomiso para él en abril de 2014.
Woods, el director de cumplimiento de Appleby, se enojó cuando lo descubrió tres meses después. “Esta es una estructura de fideicomiso y las acusaciones son extremadamente serias y vinculadas a diamantes de sangre,” escribió Woods a un colega en julio de 2014. “¿Por qué no se trajo esto a mi atención antes de que el chequeo de conflicto fuera aprobado?”.
A pesar de la preocupación de Woods, Appleby retuvo a Laniado como cliente.
Woods admitió que si bien Laniado era “de alto riesgo (por su participación en la industria de diamantes), tenemos suficientes factores e información mitigantes para estar tranquilos con el negocio; de hecho debería ser un buen negocio en general”.
Pero dijo a sus colegas que el episodio representaba una “falla en nuestros procesos”. Advirtió que las unidades comerciales de la firma, como Appleby Trust (Cayman) Limited, no deberían dejar que las ansias por ganancias rápidas se imponga a la necesidad de seguir las reglas que requerían que Appleby examinara los riesgos que suponía Laniado y que supiera quién era y qué quería hacer.
“Lo hecho, hecho está, pero de ahora en adelante, mientras somos comerciales, por favor tratemos de asegurar que no nos dejamos llevar por el potencial de ganancias”, escribió Woods. “La fira debe estar al tanto de que si bien pueden estar ‘trayendo las ganancias’, la compañía Trust se carga con el importante riesgo de administrar la estructura subsecuente. ¡La Trust Co. debe saber que al final del día, si todo sale mal, ellos se van a quedar con la ‘mierda humeante’ en las manos! (¡Es viernes y la Bolsa en las Manos no sonaba lo suficientemente fuerte!)”.
Appleby aún actuaba como administradora del fideicomiso de Laniado a principios de 2016, indican los registros de la compañía.
Woods y Appleby no respondieron a solicitudes específicas de comentarios.
Laniado no respondió a las repetidas solicitudes de comentarios del ICIJ. Laniado previamente había declarado que nunca ha estado involucrado con diamantes de sangre.
En sus operaciones día a día, Applebly utiliza software diseñado para reducir los errores humanos e identificar clientes riesgosos. El manual de la firma requiere que los empleados verifiquen a potenciales clientes por medio de una búsqueda en línea y actualicen los registros de cualquiera conectado a política una vez por año. La firma y sus subsidiarias han realizado auditorías internas, han mantenido listas de lo que llamaron compañías “problemáticas” y han producido “tarjetas amarillas” para asegurar que la información de las compañías era certera.
Los controles funcionaron, por ejemplo, cuando la oficina de Appleby en las Islas Vírgenes Británicas rechazaron un negocio que involucraba a Boris Shemyakin, un magnate ruso de bienes raíces, luego de que chequeos de historial en línea mostraron que había sido acusado en Rusia por cargos que involucraban un fraude de varios miles de millones de dólares. Él niega las acusaciones. La firma también declinó trabajar con la firma global de contaduría Ernst & Young cuando esta habló con Appleby sobre una posible asistencia con la compra de dos aviones Gulfstream de US$ 20 millones para dos hijos de un exministro del gobierno de Azerbaiyán y un hombre llamado Manouchehr Khangah. Appleby chequeó la base de datos de WikiLeaks de cables diplomáticos de EE.UU. Y descubrió que uno de los contactos de la embajada de EE.UU. calificó a Khangah como la “pantalla” de un expolítico que lideraba lo que los cables de EE.UU llamaban “una de las operaciones más corruptas de Azerbaiyán.” Appleby rechazó el negocio.
No se pudo contactar con Khangah para comentarios. EY dijo que no podía comentar sobre asuntos individuales pero que está “comprometido a cumplir con normas financieras, legales y regulatorias en todo su trabajo”.
Appleby conocía los riesgos. En el medio de una presentación de PowerPoint preparada para una sesión de entrenamiento de 2012 en Bermuda estaba una lápida gris con el nombre “Arthur Andersen”, una referencia a la firma de auditoría condenada por haber destruido documentos relacionados a una investigación del colapso del gigante de la energía Enron.
Si la firma no mejoraba su forma de monitorear clientes, decía la presentación, sus empleados podrían sufrir el destino de otros sorprendidos en escándalos financieros de alto perfil: Davis Duncan, el exauditor de Andersen que se declaró culpable de obstrucción a la justicia, y el gerente de fondos Raj Rajaratnam, que fue fotografiado esposado mientras agentes del FBI lo escoltaban durante su comparecencia por un fraude de varios millones de dólares.
“Estamos expuestos”, continuaba la presentación. “No estamos haciendo lo mejor que podemos”.
Entre 2005 y 2015, más de una docena de examinaciones internas y regulatorias de las oficinas de Appleby en la Isla de Man, las Islas Caimán, las Islas Vírgenes Británicas, Bermuda y Londres hallaron fallas que podrían haber metido a Appleby en litigios y causado “serias consecuencias financieras y de reputación”.
Una examinación en 2005 por parte de una agencia regulatoria, la Autoridad Monetaria de Bermuda, requirió a la compañía de fideicomisos de Appleby que corrija 21 deficiencias en su actuación y que obtenga registros nuevos y precisos de los pasaportes de sus clientes, sus direcciones y la fuente de sus riquezas. Luego, a pesar de las mejoras, el entonces jefe de cumplimiento de Appleby, Ian Patrick, escribió, “Todavía creo que hará falta un gran esfuerzo antes de que podames ser considerados líderes offshore en lo que se refiere a cumplimiento”.
El año siguiente, una auditoría interna por parte de Patrick en la oficina de las Islas Vírgenes Británicas observó 45 archivos de clientes y encontró que solo uno de ellos se ceñía a los estándares de Appleby. De las cinco oficinas de Appleby examinadas por ese entonces, Patrick reportó que solo la de Hong Kong mantenía sus documentos “en buen orden”.
Una auditoría interna de la oficina de fideicomisos de las Islas Caimán en 2008 encontró que el riesgo que violar leyes y los propios protocolos de Appebly era “alto” en más de la mitad de todas las métricas en revisión. La auditoría señaló un riesgo de actividades fraudulentas y dijo que Appleby “puede no estar cumpliendo” con la ley.
Una examinación en 2012 por parte de reguladores en las Islas Vírgenes Británicas halló brechas en los procedimientos de Appleby para lidiar con políticos de alto riesgo y asociados. Un chequeo interno de 2015 en la oficina de la Isla de Man reveló otros problemas, incluyendo una compañía offshore, en parte propiedad de un oficial palestino, de la que Appleby no tenía información sobre un préstamo de US$ 11,2 millones.
Cuando la Autoridad Monetaria de Bermuda auditó una subsidiaria de Appleby en octubre de 2014, halló debilidades “clave o altamente importantes” en nueve áreas. Casi la mitad -46 por ciento- de los archivos examinados por la agencia carecían de información sobre el origen del dinero que Appleby gestionaba para sus clientes. No había “ninguna evidencia” de que Appleby identificara riesgos de lavado de dinero o financiamiento de terrorismo, dijo la agencia, y la firma no había adoptado las recomendaciones de previas auditorías.
“Estas omisiones han aumentado la preocupación de la Autoridad sobre el cumplimiento regulatorio y el ambiente de control de la firma”, dijo la agencia. En octubre de 2015, un director de Appleby reveló en un documento confidencial a reguladores del gobierno en las IBV que la oficina de Bermuda había “acordado” una multa impuesta por reguladores de Bermuda luego de admitir que había fallado en cumplir con muchas de las recomendaciones de la agencia para correjir las vulnerabilidades en su red anti lavado de dinero. Los registros internos de Appleby muestran que la fira apartó US$ 500.000 para la multa, pero su existencia y tamaño nunca se hicieron públicas. No huno “ninguna censura pública”, escribió el director, añadiendo que los reguladores de Bermuda “acordaron mantener privado el asunto”.
Un portavoz de la Autoridad Monetaria de Bermuda dijo al ICIJ que no confirmaría o negaría decisiones. En 2016, dijo el portavoz, la AMB cambió su política y ahora publica en línea detalles de multas y otras sanciones.
“Estamos sujeros a frecuentes chequeos regulatorios y estamos comprometidos a alcanzar los altos estándares establecidos por nuestros reguladores”, dijo Appleny en un comunicado publicado un mes después de recibir las preguntas del ICIJ.
“Habiendo investigado los alegatos del ICIJ creemos que son infundados y se basan en una falta de entendimiento de las estructuras legítimas y legales empleadas en el sector offshore”.
Por 33 años, Michael Cannon fue policía en las calles de Toronto. Fuera del trabajo, Cannon afinó sus habilidades financieras y puso dinero en inversiones que, esperaba, redujeran su deuda de impuestos canadienses.
A mediados de la década del 2000, Cannon pagó cerca de $20.000 en un esquema offshore presentado como deducción de caridad. Era evasión de impuestos, dijo luego la autoridad canadiense de impuestos, lo que atraía a inversores como Cannon con promesas de que podrían ganar US$ 10.000 en crédito con una “donación” de US$ 2.500, todo en moneda canadiense.
“Pensó que era demasiado bueno para ser cierto”, escribió un juez canadiense. “Lo era”.
En 2009, Cannon se convirtió en el principal demandante en una demanda colectiva en nombre de casi 10.000 inversores, incluyendo a enfermeras, profesores y abogados que habían pagado más de US$ 100 millones en el programa. Habían perdido millones, aseguraban, para cuando la oficina de impuestos de Canadá declaró inválido el esquema.
Las acciones legales de Cannon tuvieron amplio alcance, buscando compensación de los promotores, abogados y asesores involucrados. Un acusado fue Edward Furtak, el así llamado cerebro del programa de caridad. La oficina de Appleby en Bermuda era otra acusada.
Abogados de Cannon y los otros inversores afirmaron que Appleby ayudó a transferir cientos de millones de dólares en un “flujo circular de fondos” que embolsó a Furtak y su familia US$ 20 millones. Los abogados de Cannon dijeron que “un mono cubriéndose los ojos y las orejas puede no haber previsto” los riesgos para los inversores canadienses, pero que Appleby no tenía tal excusa. En 2010, un juez halló que había buen indicio de que Appleby había perjudicado a gente en Canadá “utilizando a sabiendas” el dinero del fideicomiso de Furtak y permitiendo que el dinero impulse el fraude. El juez Strathy escribió que Appleby “simplemente hizo lo que Furtak” quería que hiciera a pesar de su obligación de saber de dónde venía el dinero y cómo se usaba.
Furtak era un cliente de larga data de Appleby. Appleby había prestado a Furtak US$ 2,6 millones para comprar propiedades en una península en Costa Rica y administró al menos tres fideicomisos offshore para él junto con un yate de 34 metros con bandera jamaiquina llamado Takapuna, con valor de al menos US$ 5 millones.
La demanda colectiva contra Furtak se cerró con un acuerdo en una etapa inicial y Furtak negó cualquier falta. El programa de impuestos se diseñó en cumplimiento de la ley y Furtak sigue creyendo en su prosperidad, dijeron sus abogados al ICIJ.
El caso contra Appleby se extendió más que el caso contra Furtak. En 2013, abogados externos de Appleby dijeron a la junta de directores de la firma que el rol de la firma en el asunto había sido “bastante limitado, pero relativamente importante”.
“Hay algo de preocupación”, señalaban las minutas confidenciales de la junta, de que la oficina de Bermuda “parece haber afectado las varias transferencias en lo que ha sido descrito como una manera sin cuestionamientos”. Los abogados advirtieron que Appleby podía ser hallada culpable de enriquecerse a expensas de los inversores.
En la corte, Appleby defendió su comportamiento y prometió llevar cualquier juicio en su contra a la corte más alta posible. En privado, Appleby teía una multa de hasta US$ 25,5 millones, indican los documentos.
En un momento dado, un empleado de Appleby dijo que una estrategia era “esperar con la esperanza de que los demandantes se queden sin combustible”.
Cannon no se rindió, y Appleby acordó el caso en mayo de 2017 por $12,7 millones sin admitir haber actuado mal.
Tras bambalinas, a algunos en Appleby les preocupaba que a la firma le llevaría “un muy largo tiempo” absorber los impactos financieros y de reputación del caso.
Todo empleado con una copia de las presentaciones de PowerPoint preparadas años atrás por el equipo de cumplimiento de Appleby puede haber hallado que era buen momento para recordar esta advertencia: “Cada investigación nueva que revela a una firma offshore como un títere controlado por un criminal” será otro “clavo en el ataúd de la industria”.