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Desde 1998, el Reino Unido prohibía exportar a Argentina bienes que pudieran desarrollar las fuerzas armadas de ese país, pero autorizaba la venta de productos que mantuvieran su capacidad, lo que equivalía en la práctica a permitir la venta de piezas de mantenimiento.
Pero, en una declaración escrita al parlamento, Cable anunció nuevas restricciones “con efecto inmediato” .
“El gobierno revisó esta reglamentación (de control de exportaciones) a la luz de recientes acciones por parte del gobierno argentino destinadas a dañar los intereses económicos de los habitantes de las Falklands (denominación británica de las Malvinas)” , escribió Cable.
Las nuevas restricciones incluyen la no concesión de licencias de exportación para cualquier bien o tecnología de uso militar o de doble uso, militar y civil, destinado a las fuerzas armadas argentinas, “salvo en circunstancias excepcionales” .
Las licencias de exportación existentes serán revisadas e invalidadas en caso de que incumplan la nueva normativa, que no afectará a las exportaciones que no estén destinadas a las fuerzas armadas, explicó Cameron.
“Estamos decididos a asegurarnos de que ningún producto de exportación o comercio británico tiene el potencial de ser utilizado por Argentina para imponer un bloqueo económico a los habitantes de las Falklands o inhibir sus derechos legítimos a desarrollar su propia economía” , agregó.
La medida podría aumentar todavía más la tensión entre Argentina y el Reino Unido, inmersos desde hace unos meses en una escalada verbal a propósito de la soberanía del archipiélago ocupado por los británicos desde 1833 y reclamado por la nación sudamericana.
Al acercarse el 30 aniversario de la guerra que libraron ambos países en 1982 (del 2 de abril al 14 de junio) , el gobierno de la presidenta argentina Cristina Kirchner intensificó la presión adoptando una serie medidas para tratar de forzar al Reino Unido a entablar negociaciones sobre la soberanía.
El pasado 2 de abril, el primer ministro británico David Cameron, que siempre ha rechazado cualquier diálogo, denunció un “acto de agresión” destinado, según él, a “robar la libertad” de los isleños.