En una audiencia realizada en La Paz, Zapata, que está en prisión preventiva desde el pasado 28 de febrero, justificó su solicitud presentando un contrato de trabajo con un salario de alrededor de 500 dólares mensuales en una tienda cuya actividad principal consistiría en la venta de accesorios para automóviles.
El fiscal a cargo del caso, Daniel Ayala, afirmó que existían riesgos procesales por “actividad delincuencial reiterada”, por lo que se le denegó el cese de la detención preventiva, según un comunicado del Ministerio Público.
Ayala observó que el contrato laboral presentado no incluía un documento que acreditara que el negocio está inscrito en el registro de compañías Fundempresa, de carácter obligatorio, mientras que tampoco se presentó un Número de Identificación Tributaria, ni se aportaron las firmas de las dos partes del contrato.
Los abogados de Zapata tampoco especificaron cuál sería su domicilio en caso de que le concedieran las medidas sustitutivas.
El fiscal departamental de La Paz, Edwin Blanco, afirmó que “persisten los riesgos procesales al no acreditar un arraigo social y natural”.
El comunicado del Ministerio Público señala que existe riesgo de fuga y de obstaculización del proceso por parte de la acusada, que deberá permanecer en el Centro de Orientación Femenino de Miraflores, en La Paz.
Zapata está imputada por presuntos delitos de legitimación de ganancias ilícitas, falsedad ideológica, uso de instrumento falsificado, contribuciones y ventajas ilegítimas, además de uso indebido de bienes y servicios públicos.
La mujer, quien fue pareja del presidente Morales entre 2005 y 2007, fue investigada por usar oficinas del Ministerio de la Presidencia para sacar provecho personal de citas con inversores, supuestamente sin que se enteraran altos funcionarios del Gobierno.
La oposición boliviana denunció en su momento un supuesto tráfico de influencias a favor de Camce y una posible implicación del presidente Morales, pero una comisión del Parlamento, que controla el oficialismo, exculpó al mandatario y concluyó que las adjudicaciones fueron legales.
Zapata también estuvo involucrada en una polémica sobre un supuesto hijo que tuvo con el presidente en 2007, del que primero aseguró que estaba con vida pero después se retractó y afirmó que había muerto.
El Gobierno boliviano ha asegurado que el niño nunca existió y acusó a la oposición y a algunos medios de comunicación de usar el caso para desprestigiar al mandatario.