La unidad de fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia resolvió la semana pasada reabrir el caso “en fase preliminar al recibirse nuevo material probatorio” , confirmó a la AFP un vocero de la Fiscalía General de la Nación.
Los hechos que son materia de investigación parten de los testimonios de dos paramilitares desmovilizados y supuestamente ocurrieron cuando Uribe era gobernador del departamento (provincia) de Antioquia (noroeste), en el periodo 1995-1997, explicó la fuente.
La defensa del expresidente expresó su “profunda sorpresa” por la decisión de la Fiscalía y consideró “absurdo” sostener que Uribe promovió la delincuencia, en un comunicado emitido por uno de sus abogados, Jaime Granados, y reproducido por el sitio electrónico de la emisora RCN radio.
La fuente de la Fiscalía no pudo detallar el contenido de las revelaciones de los desmovilizados Pablo Hernán Sierra y Juan Guillermo Monsalve, pero confirmó que los testimonios fueron recogidos por el congresista Iván Cepeda, del izquierdista Polo Democrático Alternativo.
En un comunicado, Cepeda explicó que el año pasado se entrevistó en cárceles con Sierra y Monsalve y que éstos le relataron cómo el entonces gobernador Uribe apoyó la creación del Bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC, paramilitares) en el departamento de Antioquia, cuya capital es Medellín.
“Es la primera vez que se abre una investigación en la justicia ordinaria contra el expresidente Uribe por delitos graves que están relacionados, incluso, con masacres ocurridas en Antioquia durante su mandato como gobernador”, destacó Cepeda.
El abogado Granados respondió que las declaraciones de los testigos Sierra y Monsalve son “temerarios relatos” aparentemente promovidos “por otras personas con oscuros intereses”.
Uribe calificó las declaraciones de “infamias de presos manipulados”, en una primera reacción en su cuenta Twitter.
Cepeda ya ha denunciado a Uribe por su presunta responsabilidad en el espionaje y el acoso a los que el extinto servicio secreto DAS (Departamento Administrativo de Seguridad) sometió a jueces, periodistas y opositores, del cual el parlamentario se declaró víctima.
Otras figuras cercanas a Uribe han sido acusadas de colaboración con las AUC, entre ellas su exjefe de seguridad Mauricio Santoyo -condenado en Estados Unidos donde donde se declaró culpable de complicidad con los paramilitares- y dos exdirectores del DAS.
Las AUC, milicias de extrema derecha, cometieron decenas de miles de crímenes contra la población civil en el marco de su enfrentamiento contra la guerrilla comunista de las FARC, hasta que sus integrantes se desmovilizaron entre 2003 y 2006 mediante un polémico acuerdo con el gobierno de Uribe.