Prado Salmón, de 77 años y afectado desde hace 35 años por una parálisis en parte del cuerpo, informó a Efe que la decisión le fue comunicada en las últimas horas por la Sala Tercera del Tribunal Departamental de la Paz, que desestimó una apelación de la Fiscalía.
El militar en retiro, que vive en la ciudad de Santa Cruz (este), está acusado de una supuesta vinculación con un grupo armado de europeos que en 2009, según la Fiscalía, intentó formar una milicia armada con fines secesionistas, pero él ha rechazado la sindicación.
La nueva decisión ratifica una resolución tomada en julio por el juez Sixto Fernández debido a que la salud de Prado está afectada por la aparición de unas escaras en el glúteo y el muslo izquierdo como resultado de pasar muchas horas en una silla de ruedas en los tribunales, y que pueden derivar en una infección descontrolada.
“Es una separación del juicio hasta que me sane, pero ahora estamos viendo una incongruencia en la resolución porque dice que una vez respuesta mi salud el mismo tribunal (de Fernández) me seguirá juzgando, lo que no puede ser porque si ellos continuarán con el proceso, no puedo estar ausente un tiempo y volver”, dijo.
Argumentó que, tras una separación temporal, lo lógico es que se inicie un nuevo proceso en un tribunal diferente, por lo que ha solicitado a la Sala Tercera una explicación complementaria.
No obstante, dijo que de todos modos está tranquilo y se concentrará en la reposición de su salud, puesto que en adelante ya no será convocado a las audiencias del “caso terrorismo”, también conocido como “caso Rosza”, que se reanudarán el próximo lunes.
Tras su salida, el proceso continuará para 14 acusados de ser parte de la supuesta trama terrorista, si bien la Fiscalía se ha planteado una segunda parte del proceso con nuevos investigados.
En el “caso Rosza” son juzgados quienes, según el Ministerio Público, colaboraron entre 2008 y 2009 con el croata-húngaro-boliviano Eduardo Rosza para formar milicias armadas con el propósito de impulsar una secesión territorial en Santa Cruz. Rosza y dos colaboradores murieron en abril de 2009 en una polémica incursión de policías a un hotel de Santa Cruz.
Prado comandó el 8 de octubre de 1967 la compañía que capturó al Che cerca del caserío de La Higuera, en el sureste de Bolivia, donde un día después el combatiente fue ejecutado por un sargento.
El militar en retiro rechaza la acusación de que asesoró a Rosza y considera que su inclusión en el juicio es una especie de venganza de parte de las autoridades del Gobierno de Evo Morales y de la Justicia, que son admiradores del revolucionario argentino cubano.