El recurso del abogado Jaume Alonso-Cuevillas, de 85 páginas y recibido por la AFP este lunes, pide “decretar la nulidad de las actuaciones practicadas” por el Tribunal Supremo español, que está instruyendo la causa contra la cúpula separatista catalana en relación con su intento de secesión del pasado año.
En su escrito fechado el 28 de marzo y dirigido al alto tribunal, el letrado considera que el Supremo carece de “competencia objetiva”, y pide que la causa pase a manos del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Pero sobre todo, pide que se vacíe de contenido la causa y se excluyan los delitos de rebelión, malversación o desobediencia que pesan sobre Puigdemont, y sobre dos exmiembros de su gobierno cesado: Clara Ponsatí, actualmente en libertad condicional en Escocia, y Lluís Puig, instalado en Bruselas.
El recurso observa que en el Código Penal español, el delito de rebelión, pasible con hasta 30 años de cárcel, comporta la noción de alzamiento violento. Pero según sostiene, si hubo violencia antes o durante el referéndum ilegal de independencia del 1 de octubre fue puntual y exclusivamente atribuible a “quienes llevasen a cabo dichas conductas”.
En cualquier caso, insiste en que esos actos violentos por parte de algunos manifestantes independentistas son “episodios completamente aislados, que no permiten sostener la existencia de una violencia de entidad suficiente como para integrar el tipo de rebelión”, sino a lo sumo “desórdenes públicos”.
El escrito responde así a la argumentación del juez instructor Pablo Llarena, que estima que los preparativos de la consulta tuvieron un cariz violento. Por otro lado, el recurso rebate que hubiera malversación de fondos públicos en la organización de la consulta del 1 de octubre, cuyo coste fue cifrado por Llarena en 1,6 millones de euros. Según señala el recurso, el auto de procesamiento no hace “mención expresa a los presuntos dispendios autorizados por cada uno de mis defendidos, ni a las partidas que se hayan podido efectivamente disponer”.
Puigdemont, detenido el 25 de marzo en el norte de Alemania en virtud de una euroorden de la justicia española, se encuentra encarcelado en Neumünster, donde está pendiente de un proceso de extradición a España. Aparte de él, otros nueve destacados independentistas, entre ellos seis integrantes de su antiguo ejecutivo, están en prisión preventiva en España en el marco de la misma causa.