La movilización en Ancud, la localidad más importante de la isla grande de Chiloé y puerta de entrada al tráfico de mercancías y personas, concluyó este jueves, según anunció el ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes.
“Agradezco a todos los dirigentes de la pesca”, señaló Céspedes, quien durante estas semanas ha actuado como delegado oficial para la solución del conflicto.
El acuerdo alcanzado con los pescadores de Ancud, el último municipio que mantenía la protesta, “implica que se pone fin a las movilizaciones”, detalló el ministro Cespedes, quien hizo hincapié en que ahora es prioritario reanudar el suministro de productos y proceder al restablecimiento de los servicios.
En tanto, Julio Cárdenas, portavoz de los pescadores de Ancud, indicó que someterán a la votación de las bases el acuerdo alcanzado, según informó radio Cooperativa.
La deposición de las medidas de fuerza supone el levantamiento de los bloqueos de las rutas que conectan el Chile continental con el archipiélago de Chiloé, una región que depende para su subsistencia tanto de la recogida de mariscos, como del cultivo del salmón en piscifactorías y el turismo.
Para hacer frente a los estragos causados por la marea roja que ocasionó una alga altamente tóxica, el Gobierno ofreció inicialmente a los un bono de 100.000 pesos (150 dólares) , pero poco a poco fue ampliando la cuantía hasta los 750.000 dólares (1.126 dólares) al tiempo que extendía el número de familias beneficiarias.
Ancud, punto estratégico al ser el puerto de entrada de los transbordadores procedentes del continente, era la última localidad que mantenía la protesta, de las quince que integran Chiloé, un archipiélago de pequeñas islas situado en la región de Los Lagos, a 1.230 kilómetros al sur de Santiago.
Durante tres semanas los pescadores artesanales protestaron por la prohibición de extraer mariscos, la principal actividad económica del archipiélago, debido a las altas concentraciones de toxinas paralizantes detectadas en los invertebrados de la zona.
Las protestas, que recibieron el apoyo de amplios sectores de la sociedad chilena, se transformaron en un movimiento social para dar visibilidad al abandono y la falta de recursos que, según los habitantes del archipiélago, sufren por parte del Gobierno.