En una rueda de prensa, el procurador general dominicano, Jean Alain Rodríguez, aseguró que “serán investigados y procesados todos aquellos a los que se le compruebe haber participado en un hecho ilegal como el que ha sido mencionado”.
“No importa de qué Gobierno sean, si del antepasado, si del pasado o del actual, del que sea”, aseguró el funcionario.
Rodríguez argumentó que la Procuraduría “está acá para encarcelar a todo el que ha participado en estos actos ilegales, y así lo vamos a hacer”.
A la vez, informó que solicitó a diferentes entidades del Estado dominicano los contratos “en detalles” de “las personas que sostuvieron negociaciones, entiéndase, que fueron enlaces con Odebrecht y que, además, pudieron participar en los procesos de licitación con esta empresa”.
Entre esas entidades figuran el Ministerio de Obras Públicas, el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa), la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (Caasd), el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrhi) y la Corporación de Empresas Eléctricas Estatales (Cdeee), indicó.
Estas dependencias estatales deberán entregar las informaciones en un plazo de 48 horas, advirtió el procurador.
Según documentos publicados el miércoles pasado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, la compañía pagó aproximadamente 788 millones de dólares en sobornos en doce países de Latinoamérica y África.
En el caso de la República Dominicana, desembolsó 92 millones de dólares entre 2001 y 2014 a funcionarios e intermediarios del Gobierno y, como resultado, obtuvo unos beneficios de 163 millones de dólares.