La jueza envió a prisión a los detenidos por delitos contra el medio ambiente, integración en organización criminal, blanqueo y falsedad documental.
Cinco de los detenidos pertenecen a una misma familia española, propietaria de la compañía Vidal Armadores.
La magistrada les acusa de pescar de manera ilegal merluza negra, una especie que está protegida y que sólo puede capturarse por cuotas establecidas.
En el auto de prisión, la jueza señala que este “grupo organizado”, a través de “un entramado de empresas nacionales e internacionales”, llevan pescando de forma ilícita “austromerluza” (otra de las denominaciones de la merluza negra) desde al menos 2006 y para ello usaban varios buques registrados a nombre de empresas en terceros países.
El fundador del grupo, según la jueza, decidía los lugares de pesca o las fechas de las campañas, y lo hacía de acuerdo con sus hijos, que ocupan diversos cargos en las diferentes empresas y son accionistas de las mismas.
La familia usaba para sus actividades un entramado empresarial con compañías españolas y otras ubicadas en países como Belice, Suiza o Panamá, que poseía buques que llegaban a cambiar de nombre varias veces.
El único detenido que no es miembro de la familia se encargaba de “organizar y dirigir el entramado empresarial y financiero”.
La merluza negra, cuya denominación científica es “Dissosstichus eleginoides” y que también se conoce como bacalao de profundidad o róbalo chileno, es una especie protegida que llega a medir más de dos metros y pesar cien kilos, además de ser uno de los peces de mayor tamaño de la Antártida.
Las capturas de esta codiciada especie de carne blanca son tan lucrativas que los pescadores ilegales le llaman el “oro blanco”, porque una carga media de 1,5 toneladas puede suponer unos 83 millones de dólares y se vende a restaurantes de lujo de Estados Unidos, Japón y, recientemente, Australia.