El escándalo salpica a la expresidenta Cristina Kirchner y a una empresa vinculada a la familia del mandatario Mauricio Macri.
La justicia argentina analiza el contenido de ocho cuadernos escolares en los cuales el chofer del exnúmero dos del ministerio de Planificación registró presuntos retiros y entregas de bolsos con dinero entre 2005 y 2015, años en que gobernaron el ya fallecido Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Kirchner (2007-2015).
Según los cuadernos, que detallan con meticulosidad montos, recorridos y puntos de recogida y de entrega de maletines con dólares en efectivo, los sobornos fueron utilizados para obtener la adjudicación de obras públicas. El chofer Oscar Centeno, autor de las anotaciones, un exsuboficial de ejército, fue detenido el miércoles al igual que una docena de empresarios y exfuncionarios.
Este jueves rindió indagatoria y, según la prensa, optó por declararse como arrepentido, admitió la autoría de los cuadernos y se acogió a un defensor público. Según la Fiscalía, los presuntos sobornos habrían alcanzado unos 160 millones de dólares. Hasta ahora, se realizaron 34 allanamientos en los que fueron incautados 14 automóviles, el equivalente a unos 50.000 dólares en efectivo y dispositivos informáticos.
Para Leandro Despouy, quien fue auditor general entre 2002 y 2016, los llamados ’cuadernos de la corrupción’ van a abrir “una compuerta que en Argentina no se había abierto”.
“Implica un gran número de empresarios, no son solo funcionarios. Puede ser el inicio de un ’Lava Jato’ en Argentina”, declaró Despouy a la AFP, en referencia al enorme escándalo de corrupción de Brasil. Según el exfuncionario, lo más probable es que los empresarios colaboren con la justicia y se declaren víctimas de extorsión por parte del Estado.
Las detenciones realizadas en la madrugada del miércoles incluyen a Roberto Baratta, que era un subsecretario pero en los hechos era el segundo del ministerio de Planificación y para quien trabajaba el chofer Centeno. También fueron arrestados los empresarios Gerardo Ferreyra, de la constructora Electroingeniería, y Javier Sánchez Caballero, exgerente general de IECSA, la constructora que pertenecía a Ángelo Calcaterra -primo del presidente Macri-, que provenía del grupo Socma (Sociedad Macri). “Jamas pagué coimas (sobornos). Esto es un circo mediático”, se defendió Ferreyra este jueves cuando fue trasladado esposado para declarar ante el juez.
Otro de los detenidos es el exsubsecretario legal de Planificación Federal Rafael Llorens, y el expresidente de la Cámara Argentina de la Construcción, el empresario Carlos Wagner.
Los cuadernos que dieron origen a la causa fueron entregados por una fuente reservada a un periodista del diario La Nación, que a su vez los aportó a la justicia, pero solo serían fotocopias. El diario publicó este jueves facsímiles de varias páginas, prácticamente una bitácora de anécdotas y direcciones relacionadas siempre con los bolsos de dinero.
La expresidenta y actual senadora Kirchner fue citada a indagatoria el próximo 13 de agosto por el juez Claudio Bonadío, quien lleva la causa. Kirchner, que puede ser juzgada pero no detenida debido a sus fueros parlamentarios, no ha hecho declaraciones a la prensa hasta ahora. Entre los seguidores de la expresidenta, la figura más relevante de la oposición, lo atribuyen a una operación política en su contra.
En la calle, también se dividen opiniones. “Parece que están todos involucrados. No sé si tienen la misma responsabilidad los empresarios que los políticos, pero es apabullante, ya estamos hasta acá (hartos)”, declaró a la AFP Judith Buchbinder, una mujer de clase media en el centro de Buenos Aires. Cerca de ella, otra mujer, Elisa Loria, dijo necesitar más tiempo “para separar la paja del trigo” en la denuncia. “Lo está usando el gobierno para tapar todo lo malo que hace”, agregó.
El domicilio de la pareja Kirchner en Buenos Aires figura como uno de los destinos en las anotaciones del chofer, al igual que la Casa Rosada (sede del gobierno) y la residencia presidencial de Olivos, en las afueras de la capital. La justicia investiga bajo la hipótesis de asociación ilícita en una causa en la que se esperan más arrestos. No es la primera causa de corrupción que salpica a la expresidenta o a sus funcionarios.
El caso más recordado es el de José López, exsecretario de Obras Públicas, atrapado ’in fraganti’ en 2016 cuando intentaba esconder bolsos con nueve millones de dólares en un convento en las afueras de Buenos Aires.