“Estas últimas acusaciones, atribuidas a investigadores anónimos como base para atacar al primer ministro, forman parte de una conspiración política”, señaló el citado despacho.
La oficina del primer ministro conminó a los medios de información a comprobar la veracidad los documentos que recibe y no publicar nada que no haya sido verificado “por las autoridades competentes”.
“En cuanto a las acusaciones en sí mismas, hay que destacar que 1MDB ya ha declarado que la empresa nunca proporcionó fondos al primer ministro”, añadió el comunicado.
Los diarios Wall Street Journal y Sarawak Report informaron hoy de que unos 700 millones de dólares (630 millones de euros) de 1MDB fueron desviados a cuentas bancarias de Najib.
Los periódicos citan documentos de la investigación gubernamental sobre este fondo de inversión presidido por Najib y que, desde su creación hace seis años, ha acumulado una deuda de 42.000 millones de ringit (11.124 millones de dólares o 10.000 millones de euros).
Según estos informes, el dinero fue transferido desde agencias gubernamentales y bancos vinculados a 1MDB a cinco cuentas de Najib, incluidas dos transacciones de 620 y 61 millones de dólares realizadas en marzo de 2013, dos meses antes de las últimas elecciones generales.
El fondo de inversión respondió a las informaciones con un comunicado en el que niega haber facilitado ningún dinero al primer ministro.
“Sugerir lo contrario, tal como han hecho algunos medios de comunicación, es altamente irresponsable y un intento deliberado de socavar a la compañía”, manifestó 1MDB.
La sociedad también cuestionó la veracidad de varios informes filtrados recientemente a la prensa que “han sido utilizados para desinformar al público”, incluidos algunos que habrían sido falsificados.
“Estamos, por lo tanto, sorprendidos que documentos como estos, cuya existencia y autenticidad no ha sido verificada, siguen siendo utilizados como base para crear nuevas acusaciones sin fundamento contra 1MDB”, añadió el comunicado.
El fondo de inversión indicó que colabora con las investigaciones a las que está siendo sometido por el banco central, la policía, una comisión parlamentaria y el auditor general, que prevé presentar su informe el próximo 9 de julio.