Consciente de su debilidad para llevar adelante sus reformas contra la lacra que corroe a Perú, al carecer de partido y de bancada, Vizcarra había presentado una moción de confianza, que de haberla perdido hubiera llevado a la disolución de la Cámara y a la dimisión de su gabinete.
Tras 15 horas de tenso debate iniciado el martes y cuyo resultado lucía incierto pues pocas bancadas habían anunciado el sentido de su voto, 77 congresistas votaron a favor del presidente, 44 en contra y tres se abstuvieron. “El rumbo trazado continúa. Seguimos trabajando y poniendo como siempre #ElPerúPrimero” , celebró Vizcarra en su cuenta de Twitter. Bancadas de centro derecha, como la de Alianza para el Progreso, y de los liberales, que simpatizan con Vizcarra, votaron a favor de la moción.
En tanto, la división en el seno del otrora sólido partido fujimorista Fuerza Popular (derecha, populista) , principal fuerza opositora, resultó clave. “El país no necesita que se genere un caos político” , dijo el legislador fuijimorista Carlos Tubino, vocero de su bancada, al argumentar su voto a favor de la moción de confianza. En cambio, la influyente legisladora fujimorista Rosa Bartra, votó en contra: “no confío en un político que no sabe que hace política y que carece de trayectoria” , dijo en alusión a Vizcarra.
La “cuestión (moción) de confianza” es un mecanismo constitucional por el cual el Ejecutivo puede consultar al Congreso sobre el tema que estime conveniente. Pero si se rechaza este pedido a dos gabinetes, el presidente puede proceder a disolver el Congreso y convocar elecciones legislativas en cuatro meses.
En septiembre de 2017, el actual Congreso ya le negó la confianza a un gabinete por lo que una nueva negativa gatillaría su disolución. Tras la votación, la vicepresidenta Mercedes Áraoz dijo que espera un período de diálogo que permita aprobar las propuestas y dejar atrás la tensión que marca la relación con el Congreso desde hace casi un año. “No creo que haya un ánimo conciliador, el Congreso le ha dado la cuestión de confianza pero muy probablemente después va a introducir los cambios que crean en las propuestas del gobierno” , crispando la relación, dijo a la AFP el analista Fernando Rospigliosi.
Los hechos demostrarán si el ánimo conciliador de parte de la oposición responde a una voluntad de cambio o, por el contrario, se trata de un instinto de supervivencia de unos parlamentarios que quieren evitar perder su empleo sabiendo que a partir de 2021 no podrán encadenar dos mandatos seguidos.
En juego estaban seis nuevos proyectos que impulsa el presidente para prevenir la corrupción en un país donde los cuatro anteriores presidentes están salpicados por el escándalo de aportes y sobornos de Odebrecht, incluido su predecesor Pedro Pablo Kuczynski y la principal líder opositora Keiko Fujimori.
Vizcarra, que en su calidad de vicepresidente asumió en marzo del año pasado tras la renuncia de Kuczynski, no está adscrito a ningún partido y se ha erigido en el gran “limpiador” de la política peruana. Además de acabar con la corrupción, pretende regular el financiamiento de los partidos y cambiar el sistema electoral. También propone que sea la Corte Suprema y no el Congreso el órgano que levante la inmunidad a un parlamentario, pues hubo casos de legisladores que amparados en sus fueros han intentado eludir condenas por delitos comunes.
La votación coincidió con una baja de popularidad de Vizcarra, a 42%. Hace seis meses alcanzó su pico: 66%, según la encuestadora Ipsos. Vizcarra gobierna con apoyo del ciudadano de a pie y la bandera de la lucha anticorrupción. Precisamente llegó al tope de aceptación tras someter a referéndum en diciembre cuatro reformas constitucionales para combatir la corrupción en el sistema judicial y político, prohibiendo la reelección inmediata de los congresistas.
La popularidad del Congreso se mantiene de capa caída: 80% lo desaprueban.
El escándalo de Odebrecht ha causado estragos entre la clase dirigente: el expresidente Alan García (1985-1990 y 2006-2011) se suicidó el 17 de abril, cuando iba a ser detenido en el marco de esta investigación. En mayo la fiscalía acusó ante la justicia al expresidente Ollanta Humala (2011-2016) y su esposa Nadine Heredia. En tanto, el expresidente Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018) permanece bajo arresto domiciliario, mientras que Alejandro Toledo (2001-2006) escapó a Estados Unidos, donde enfrenta un pedido de extradición. Todos negaron haber recibido dádivas de Odebrecht. ljc/rc/af/yow/rsr