Eso ha dictaminado hoy el Tribunal Constitucional de este país.
La cantidad exacta que habrá de reembolsar será fijada dentro de un plazo de 60 días por la Tesorería Nacional, cuyo cálculo deberá ser aprobado por el Constitucional.
Esta decisión reafirma el informe de la Defensora del Pueblo, Thuli Madonsela, quien desacreditó que el dinero se hubiera empleado en mejorar la seguridad de la residencia del presidente. “El presidente no cumplió, defendió ni respetó la Constitución”, afirma en el veredicto alcanzado por unanimidad por los 11 jueces de la Corte.
El Tribunal concluye que el Parlamento incumplió su obligación de “ controlar ” las acciones del presidente y amparó la “conducta ilegal” de Zuma exonerándole, con los votos de la mayoría afín, de cumplir las recomendaciones de la Defensora del Pueblo.
El principal partido de la oposición, la Alianza Democrática (AD), uno de los responsables de esta acción judicial, anunció hoy que presentará una moción de censura para conseguir la marcha de Zuma.
Según el informe de la Defensora del Pueblo, la Presidencia justificó como obras destinadas para la seguridad del mandatario -y por tanto a cargo del contribuyente- la construcción de un establo para vacas, un corral para pollos, una piscina y un anfiteatro en su residencia de Nkandla.
Este caso es el mayor escándalo de corrupción de la presidencia de Jacob Zuma, que llegó al poder en 2009 después de que la Fiscalía retirara los más de 700 cargos de corrupción que pesaban contra él.