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“Mi único pecado son las ejecuciones extrajudiciales”, dijo el mandatario anoche durante un discurso en el Palacio de Malacañan, conforme al comunicado enviado por la oficina presidencial.
Las declaraciones del mandatario podrían ser utilizadas en la Corte Internacional de Justicia, que estudia dos denuncias presentadas contra Duterte.
La conocida como “guerra contra las drogas” arrancó el día que Duterte asumió el poder - el 1 de julio de 2016- y concede la libertad a la policía de disparar contra los sospechoso que se resistan al arresto.
Según datos oficiales de la Agencia Antidrogas de Filipinas, un total de 4.854 sospechosos han sido asesinados en redadas policiales y 155.193 han sido arrestados en un total de 108.058 operaciones antidroga en todo el país.
Organizaciones defensoras de los derechos humanos, como Human Right Watch o Amnistía Internacional, elevan la cifra de muertos de la guerra antidrogas a 15.000 debido al clima de impunidad de la campaña, en la que también participan “vigilantes” o grupos vecinales armados.
Duterte fue acusado en el pasado de dirigir “escuadrones de la muerte”, durante su etapa como alcalde de la sureña ciudad de Davao, en la región de Mindanao, donde sirvió de manera interrumpida por 22 años.
En el discurso pronunciado anoche, el presidente reiteró que las operaciones contra el narcotráfico continuarán hasta 2022, año que expira su mandato.