Un informe confidencial de la Policía Federal al que tuvo acceso el periódico Folha de Sao Paulo, sostiene que Marun, a través de su jefe de gabinete, Vivianne Lorenna de Melo, solicitaba facilidades para sindicatos del estado brasileño de Mato Grosso do Sul.
Desde hace varios meses la Policía investiga una supuesta organización criminal integrada por políticos y funcionarios que habrían cometido fraudes en la concesión de registros sindicales por el Ministerio de Trabajo.
Varios implicados han sido arrestados en el marco de esta investigación que también cobró la cabeza, hace dos semanas, del entonces ministro de Trabajo de Brasil, Helton Yomura, quien dimitió luego de que la Justicia lo suspendiera del cargo por su posible vinculación con ese esquema de corrupción.
Según el informe confidencial, la jefe de Gabinete de Marun hacía las peticiones al entonces coordinador general de Registro Sindical del ministerio de Trabajo, Renato Araújo, una de las personas arrestadas a finales de mayo por la Policía Federal durante la primera fase de la Operación Espurio, que investiga el esquema de corrupción.
A través de la interceptación de una serie de correos electrónicos, la Policía encontró que Araújo enviaba estas solicitudes a una persona que no integraba el cuadro del Ministerio de Trabajo, pero que era la encargada de producir manifestaciones consideradas por la Policía como fraudulentas para entidades que “posiblemente ofrecían ventajas indebidas a Marun”.
“El contenido del diálogo revela justamente lo que ha sido ampliamente comprobado en esta investigación. Las manifestaciones se fabrican para atender a intereses privados, con diuturna ofensa a los principios de la legalidad, impersonalidad y moralidad”, dice el informe de la Policía Federal.
Los investigadores señalaron en el informe la necesidad de ampliar las investigaciones para averiguar si Marun y De Melo integraban la organización delictiva investigada y solicitaron mandatos de búsqueda y aprehensión contra los dos funcionarios. La petición fue negada por el relator del caso en el Supremo Tribunal Federal, el magistrado Edson Fachin, quien consideró que las pruebas aportadas no eran suficientes.
La Fiscalía General de la República también se manifestó en contra el pedido. Ante la noticia publicada por el periódico Folha con base en el informe confidencial de la Policía Federal, el ministro de la Secretaría de Gobierno negó, a través de una nota, haber participado en supuestos fraudes en el Ministerio de Trabajo para beneficiar a sindicatos en Mato Grosso do Sul, según divulgó la agencia de noticias del Estado.
El esquema de corrupción que investiga la Policía se refiere a supuestas maniobras ocurridas durante años en ese despacho, que permitieron registrar en forma ilegal muchos de los más de 15.000 sindicatos que existen en el país, un número que para muchos juristas del área laboral es al menos “exagerado”.
Según las autoridades, el registro de sindicatos se convirtió en un “gran negocio”, sobre todo por una ley derogada el año pasado, que obligaba a los trabajadores a afiliarse a un gremio, al que debían contribuir con el equivalente a un día de su salario anual. La investigación también afecta a varios sindicalistas, como el diputado Paulo Pereira da Silva, quien preside la central obrera Força Sindical y llegó al Parlamento gracias al poder político que le ha dado su fuerte influencia en los gremios.