Los acusados hoy están presos desde el pasado abril en el marco de la undécima fase de la operación policial, y son sospechosos de delitos como corrupción, fraude en licitaciones, lavado de dinero y pertenencia a organización criminal, según un comunicado de la Policía.
Entre los arrestados en abril figuran los exdiputados André Vargas, que era correligionario de la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, en el Partido de los Trabajadores (PT) ; Pedro Correa, del oficialista Partido Progresista (PP) y Luiz Argolo, del opositor Solidaridad (SD) .
A lo largo de las investigaciones, han sido arrestados cinco exaltos cargos de Petrobras y una veintena de ejecutivos de importantes constructoras que tenían contratos con Petrobras.
Según las investigaciones, las constructoras pagaron sobornos a cambio de ser favorecidas en las licitaciones de Petrobras y esos fondos eran distribuidos entre los partidos políticos que apoyaban las corruptelas.
Petrobras calcula que la corrupción le costó perjuicios por cerca de 2.000 millones de dólares.
Algunos de los detenidos aceptaron acuerdos de colaboración con la justicia a cambio de una futura reducción de pena, entre ellos el cambista Alberto Youssef y el exdirector de Abastecimiento de Petrobras Paulo Roberto Costa, que ya han sido condenados.
Los corruptos confesos han denunciado a unos 50 políticos que habrían permitido las ilegalidades, entre ellos los presidentes de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, y del Senado, Renan Calheiros.
En una declaración ante una comisión de parlamentarios que investiga el caso, Youssef afirmó hoy que cree que la Presidencia de Brasil tenía conocimiento de la corrupción, aunque negó tener pruebas que sustenten sus sospechas.