SAO PAULO. “La policía federal hace hoy una operación de allanamiento e incautación (de documentos) en la casa de él, del Instituto Lula y de una serie de asesores y personas de su familia”, dijo a la AFP José Chrispiniano, asesor de prensa del expresidente y del instituto que lleva su nombre.
El portavoz confirmó asimismo que Lula es objeto de una orden para llevarlo a declarar a una dependencia policial.
Según la prensa brasileña, las autoridades también llevaron de manera coercitiva a la esposa de Lula, Marisa, y a sus tres hijos, así como al presidente del Instituto Lula, Paulo Okamoto, para tomarles testimonio.
Decenas de manifestantes se agolparon frente a la residencia allanada de Lula, algunos para apoyarlo y otros para repudiarlo, y varios se han enfrentado a golpes, constataron periodistas de AFP.
Los mandatos de allanamiento y traslados para declarar “están siendo ejecutados por la policía federal para investigar posibles delitos de corrupción y lavado de dinero del esquema Petrobras practicados por el expresidente Lula y asociados”, dijo la fiscalía del estado de Paraná, a cargo de la investigación del megafraude a la petrolera.
“Hay evidencias de que el expresidente Lula recibió valores oriundos del esquema Petrobras por medio del envío y reforma de un apartamento tríplex y de una finca en Atibaia, de entrega de muebles de lujo en las dos propiedades y de almacenaje de los bienes por una empresa de transporte”, sostuvo la fiscalía en un comunicado.
Lula niega ser propietario del tríplex en un balneario del estado de Sao Paulo y de la finca. La fiscalía sospecha que los predios fueron reformados por grandes constructoras brasileñas, que a cambio obtenían contratos en la estatal Petrobras.
“También son investigados pagos al expresidente realizados por empresas investigadas en la Operación Lava Jato, a título de supuestas donaciones y conferencias”, añadió la fiscalía.
Lula, que gobernó Brasil desde 2003 hasta 2010, continúa siendo una de las figuras políticas más influyentes de Brasil y su destino está estrechamente ligado al de su sucesora, la presidenta Dilma Rousseff, y al del partido que fundó, el izquierdista Partido de los Trabajadores (PT).
La “Operación Lava Jato” (lavadero de autos) es considerada la mayor investigación anticorrupción de la historia de Brasil y ya ha enviado a prisión o amenaza con hacerlo a parlamentarios, gobernadores, exfuncionarios y algunos de los principales empresarios del país.
La policía informó que cerca de 200 efectivos y 30 auditores cumplen 44 mandatos judiciales (33 de búsqueda y aprehensión y 11 de conducción coercitiva) en Rio de Janeiro, Sao Paulo y Bahia, y convocó una conferencia de prensa para las 13H00 GMT.
La operación realizada este viernes forma parte de la indagatoria de crímenes de corrupción y lavado de dinero vinculados a la trama que desvió más de 2.000 millones de dólares de Petrobras, y no incluye órdenes de prisión.
Los allanamientos se producen un día después de un vendaval político en Brasil tras la filtración de supuestas declaraciones de un senador oficialista, Delcidio Amaral, acusando a Rousseff de interferir en la investigación del escándalo en Petrobras y a Lula de estar al tanto del esquema de corrupción.
El artículo con supuestas declaraciones de Amaral publicado por la revista IstoÉ encendió la ira del gobierno y la propia Rousseff advirtió indignada que las filtraciones a la prensa no pueden ser usadas como un arma política, y que el combate a la corrupción es y seguirá siendo la prioridad de su gobierno.
“Las filtraciones apócrifas, selectivas e ilegales deben ser repudiadas y su origen rigurosamente investigado, ya que hieren la ley, la justicia y la verdad”, dijo Rousseff en un comunicado.
“Repudiamos, en nombre del Estado democrático de Derecho, el uso abusivo de filtraciones como arma política”, porque “no contribuyen con la estabilidad del país”, añadió.
En medio de un clima de crisis, el jefe de gabinete Jaques Wagner dijo que la presidenta había recibido la noticia “con indignación” y que estaba “preocupada”.
Ese jueves, la bolsa de Sao Paulo subió un fuerte 5,12% y el real se apreció ante el dólar, en una nueva señal positiva del mercado ante un escándalo con potencial para torcer el rumbo político del país.