El organismo oficial, en su carácter de querellante, hizo la solicitud ante el juez Sebastián Casanello, quien lleva adelante la investigación a Báez y otros doce imputados por supuestos “encubrimiento y asociación ilícita”.
La Oficina Anticorrupción (OA) recordó que los imputados son investigados por la presunta salida de Argentina de “dinero no declarado y su reingreso al circuito comercial y financiero formal, disimulando su origen en actividades delictivas relacionadas con concesiones de obra pública” al grupo Austral, liderado por Báez, y “en su vínculo personal y comercial” con los expresidentes Néstor Kirchner (2003-2007) y su esposa Cristina Fernández (2007-2015).
En un comunicado, la OA detalló que en esta causa se encuentran imputados, además de Lázaro Báez, Martín Báez, Claudio Bustos, Jorge Chueco, Federico Elaskar, Leonardo Fariña, César Fernández, Julio Mendoza, Carlos Molinari, Daniel Pérez Gadín, Sebastián Pérez Gadín, Fabián Rossi y Walter Zanzot.
En su presentación judicial, la OA consideró que “los sucesos que involucran a los imputados se encuadran en el delito de lavado de activos agravado por habitualidad y por tratarse de un grupo organizado a ese fin” y solicitó que la causa sea elevada a juicio oral.
Lázaro Báez, detenido desde abril de 2016, fue el principal adjudicatario de obras públicas en la sureña provincia argentina de Santa Cruz y estrecho colaborador del fallecido expresidente argentino Néstor Kirchner durante su etapa como gobernador de esa provincia.
La causa que lo mantiene en prisión se inició en 2013, aunque dio un vuelco en marzo de 2016 cuando un canal de televisión difundió imágenes que mostraban a Martín Báez, hijo del contratista, contando grandes sumas de dinero en las oficinas de la financiera SGI en Buenos Aires.
A raíz de la publicación de las imágenes, la Justicia ordenó la detención del empresario en abril y lo procesó poco después junto a su hijo y otros presuntos implicados en la trama.
Además, ese mes el fiscal Guillermo Marijuan pidió investigar también a Fernández en el marco del mismo expediente, pero, hasta el momento, no se ha avanzado en esa línea.
Según el juez que lleva la causa, Sebastián Casanello, Báez habría sacado del país millonarios fondos a través de sociedades inscritas en Panamá y hay una “fortísima sospecha de la existencia de una compleja defraudación tributaria llevada adelante por Austral Construccione”.
El magistrado ha asegurado además que esa firma infló costos en el marco de las obras públicas que le fueron adjudicadas por el Estado y que defraudó al Fisco “ por sumas millonarias”.