Piden casi once años de prisión para exjefes argentinos de Transporte

Un fiscalía pidió hoy una pena de diez años y diez meses de prisión para los dos exsecretarios de Transporte de las gestiones kirchneristas imputados en el juicio por el accidente ferroviario que en febrero de 2012 dejó 51 muertos y más de 700 heridos.

Según detalló el Centro de Información Judicial, Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2 de la capital argentina “terminó de escuchar la exposición de la Fiscalía”, que pidió penas de hasta diez años y once meses de prisión durante una nueva jornada del juicio.

La Fiscalía solicitó esa pena para Claudio Cirigliano, uno de los directivos de la empresa Trenes de Buenos Aires (TBA), que tenía la concesión ferroviaria de la línea siniestrada, acusado de presunta “asociación ilícita” y “descarrilamiento de un tren agravado”.

En la etapa de investigación la Justicia concluyó que el servicio de la línea ferroviaria se prestaba con “graves deficiencias” por parte de TBA y que los funcionarios del área de Transporte no tomaron ninguna medida al respecto.

Por ello, la Fiscalía requirió diez años y diez meses de prisión para los exsecretarios de Transporte Ricardo Jaime (2003-2008) y Juan Pablo Schiavi (2008-2012) al considerarlos responsables “del delito de defraudación contra la administración pública por administración fraudulenta en concurso real con el delito de estrago culposo agravado por el resultado lesiones y muerte”.

En el juicio por la denominada “tragedia de Once”, además de Cirigliano, Jaime y Schiavi hay otros 26 procesados, entre ellos el maquinista Marcos Córdoba, que conducía el tren.

Para él, la Fiscalía pidió tres años y ocho meses de prisión, “por considerarlo autor penalmente responsable del delito de estrago culposo agravado por el resultado de lesiones y muerte”.

La “tragedia de Once” se produjo el 22 de febrero de 2012, cuando un tren de la línea ferroviaria Sarmiento, que conecta la capital argentina con la zona oeste del conurbano bonaerense, se empotró contra un andén de la estación cabecera en la hora punta de la mañana.

Seis días después del siniestro, el Gobierno argentino intervino TBA y más tarde le retiró la licencia de explotación de esa línea.

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