Piden a Libia entrega del hijo de Al Gadafi a La Haya

BRUSELAS. Human Rights Watch (HRW) ha pedido a Libia que entregue lo antes posible a Saif al Islam, hijo del fallecido dictador libio Muamar al Gadafi, a la Corte Penal Internacional (CPI), donde está acusado por crímenes contra la humanidad.

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La decisión de Libia “de seguir adelante con un proceso nacional contra Saif al Gadafi, cuando existe una orden de la CPI para que sea entregado a La Haya es un serio error”, dijo el director de Justicia Internacional de HRW, Richard Dicker, mediante un comunicado.

Saif al Islam, retenido en la ciudad de Zenten, a 170 kilómetros al suroeste de Trípoli, comparece hoy ante la sala de acusaciones del Tribunal de esa ciudad por los cargos de asesinatos e incitación a la violencia, informó el fiscal general libio Abdelkader Redouan.

También comparecerán ante esa corte, según HRW, otro reclamado por la CPI como el exjefe de la inteligencia libia, Abdula Senusi, y otros altos cargos de la dictadura de Muamar al Gadafi, sobre los que también pesan acusaciones como las de haber cometido asesinato, tortura y matanzas indiscriminadas durante la revolución libia.

Dicker recordó que Libia “garantizó al Consejo de Seguridad de la ONU que iba a cooperar con la Corte, por lo que tiene que entregar a Saif al Gadafi a La Haya (sede de la CPI) sin más dilaciones”.

En julio pasado esa corte internacional rechazó la petición libia de retrasar la entrega del hijo de Al Gadafi ya que se le iba a juzgar en el país, y señaló a sus autoridades que transferir a Saif el Islam a La Haya no impide que en su país se investigue el caso.

Pese a que Libia no es un signatario del tratado que establece la CPI, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó una resolución por la que se enviaba el caso de ese país ante el alto tribunal y requería su plena cooperación, lo que incluye adherirse a sus procedimientos y acatar sus decisiones y peticiones.

HRW recordó que el alto tribunal considera que Libia no ha proporcionado pruebas suficientes que demuestren que investiga el mismo caso que la CPI, además de que los jueces internacionales consideran que las autoridades de ese país no han sido capaces de asegurar una representación legal para el acusado ni han facilitado su transferencia a la custodia gubernamental.

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