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LIMA. Al menos 30 empresas de construcción están siendo investigadas por presuntos sobornos en Perú, entre ellas Graña y Montero, la mayor del país, JJ Camet e Ingenieros Civiles y Contratistas Generales (ICCGSA) y la brasileña Odebrecht, que admitió la entrega de sobornos en varias naciones de Latinoamérica para ganar obras publicas.
El Gobierno peruano aún no ha fijado una cifra para la reparación civil que debe pagar Odebrecht.
Esta nueva ley sucede al llamado decreto “Anti-Odebrecht”, instaurado por el presidente Pedro Pablo Kuczynski hace un año para afrontar el escándalo de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht con la intervención de cuentas, la prohibición de trabajar para Estado y la supervisión de sus ventas de bienes a las empresas que hubiesen confesado delitos de corrupción.
El decreto de urgencia 003 expira el 15 de marzo tras haber sido prorrogado en febrero por 30 días a pesar de que la Constitución no lo permitía.
La nueva norma busca evitar que queden paralizados 252 proyectos de obras públicas en ejecución por valor de 30.000 millones de soles peruanos (unos US$ 9.200 millones de dólares) a cargo de alrededor de 40 empresas privadas investigadas por la Fiscalía.
La ministra de Economía, Claudia Cooper, dijo que la normativa "ofrece una salida para la continuidad de la obra pública y la salud de nuestra economía”.
El caso Odebrecht implica en Perú a la primera plana política del país por los sobornos pagados entre 2005 y 2014 y las donaciones irregulares con las que supuestamente financiaron campañas de los principales líderes políticos y candidatos a la Presidencia.
Ese período abarca los mandatos presidenciales de Toledo (2001-2006), con orden de captura internacional; Alan García (2006-2011), investigado por sobornos pagados para construir el Metro de Lima, y Ollanta Humala (2011-2016), en prisión preventiva por presunta financiación irregular de sus campañas electorales.
También están investigadas la líder del partido fujimorista Fuerza Popular, Keiko Fujimori, y la exalcaldesa de Lima Susana Villarán por presuntamente haber financiado campañas electorales con fondos de Odebrecht.