La votación de esa propuesta, cuyos artífices cuentan con mayoría absoluta en la Cámara, se producirá cuando se cumple un año de la consulta alternativa sobre la independencia catalana convocada por el Ejecutivo regional que presidía Artur Mas.
El pleno para votar la resolución tendrá lugar horas antes del inicio del debate para elegir al nuevo presidente de la Comunidad Autónoma, cargo al que aspira a ser reelegido el propio Mas, que figuraba en la lista de Junts Pel Si (JxS) , la coalición que ganó los comicios regionales del pasado 27 de septiembre.
Mas, dirigente de Convergencia Democrática de Cataluña (CDC) y cuya formación acudió a los últimos comicios incluida en las siglas de JxS en las que participan otros partidos y movimientos independentistas, no tiene asegurada su investidura.
A pesar de que JxS obtuvo mayoría de votos en los comicios, no cuenta con los suficientes para la investidura de Mas, al que rechazan el resto de grupos, incluida la CUP, una formación de ideología radical anticapitalista que ha apoyado el inicio del proceso de ruptura con España.
Dirigentes de la CUP han reiterado que se opondrán a que Mas sea elegido nuevo presidente de Cataluña, dado que su partido se ha relacionado en los últimos meses con casos de corrupción política. En caso de perder la primera votación, Mas dispondría de una segunda oportunidad al cabo de dos días, con una segunda convocatoria en la que le bastaría la mayoría simple.
Si tampoco en la segunda votación consigue ser investido el nuevo presidente catalán, algo inédito en la historia de esta Comunidad Autónoma, se abriría un plazo de dos meses para celebrar más debates de investidura que podrían acabar en la convocatoria nuevamente de elecciones anticipadas en Cataluña (noreste de España).
Mientras, los 62 diputados de JxS y los 10 de la CUP garantizan hoy la aprobación de la declaración de inicio del proceso independentista, que será recurrido por el Gobierno de España ante el Tribunal Constitucional (TC).
El presidente del Ejecutivo español, Mariano Rajoy, prevé impugnar la resolución después de escuchar el parecer del Consejo de Estado, que se reuniría para emitir su preceptivo informe y, una vez cumplido ese trámite, lo haría el Consejo de Ministros para autorizar el recurso judicial.