La agencia AFP entrevistó a María Valdez, una paraguaya que vive en Nueva York desde los 6 años y que tiene miedo a ser deportada. Su permiso vence el 9 de agosto del año que viene. La mujer trabaja como profesora en una escuela de cosmetología.
Las lágrimas caen por las mejillas de esta joven madre de cabello castaño y lacio sujeto en una cola de caballo en las oficinas de Make the Road New York (MRNY) en el barrio de Queens, una organización que defiende a inmigrantes latinos y adonde llegó un día antes de la fecha límite con su madre a buscar información. Su peor temor: ser deportada y separada de su hijo de tres años.
“He estudiado toda mi vida aquí, trabajo aquí, tengo mi licencia de conducir aquí, tengo un niño aquí. Yo siento que este es mi país”, dice en español, con la voz entrecortada, a la AFP. “Mi vida está acá” .
Pero sus papeles vencen recién el 9 de agosto de 2018, por lo cual no podrá renovarlos por dos años más ahora. Y si el Congreso no aprueba antes de esa fecha una ley que la proteja de la deportación, quedará indocumentada desde el 10 de agosto.
¿Pero podrá el Congreso aprobar en meses lo que no ha hecho en una década? Hace más de 15 años que un proyecto de ley para ofrecer a estos jóvenes una solución languidece en el Congreso.
El gobierno Trump anunció hace exactamente un mes que el 6 de marzo de 2018 comenzará a eliminar gradualmente el programa DACA, aprobado por en 2012 por el entonces presidente Barack Obama, que permite actualmente a casi 700.000 jóvenes “Dreamers” como María Valdez vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos por un plazo de dos años, renovable.
El gobierno precisó que los jóvenes cuyo DACA expire entre el 5 de septiembre de 2017 y el 5 de marzo de 2018 -un total de 154.000 personas- podrán renovarlo una sola vez más por dos años si presentan los papeles necesarios antes de este jueves 5 de octubre.
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración ha recibido ya 106.000 pedidos de renovación de jóvenes de este grupo. Pero decenas de miles no han podido renovar a tiempo por varias razones: no todos pueden pagar los 495 dólares que cuesta renovar el DACA, ni se han enterado de que tienen que hacer ya el trámite, o no han podido hallar todos los papeles necesarios en tan corto plazo.
“Los jóvenes están preocupados primero sobre los impactos inmediatos: perder sus empleos, cómo harán para renovar sus contratos de alquiler sin los papeles, cómo mantendrán a sus hijos”, dice la abogada Yasmine Farhang, de MRNY, en su pequeño despacho donde atiende inmigrantes.
“Algunas personas con DACA son las únicas de su familia con papeles, y mantienen a todos los demás”, explica.
Organizaciones y 16 fiscales generales de varios estados demócratas como Nueva York han presentado una demanda contra la decisión de Trump, porque aseguran que es racista contra los mexicanos y latinos -los mayores beneficiarios del DACA- y que es por ende inconstitucional.
“Nadie estaba preparado para esto. Ha sembrado caos a través del país. La fecha del 5 de octubre es arbitraria y cruel”, denunció en una reciente teleconferencia Erendira Rendon, una joven ‘Dreamer’ de 32 años que llegó a Estados Unidos desde México a los cuatro años y hoy reside en Chicago y trabaja en la organización comunitaria The Resurrection Project.
Un sinfín de donantes han desembolsado millones de dólares para ayudar a jóvenes de bajos ingresos con las tarifas de renovación. Organizaciones de inmigrantes de todo el país se han movilizado con talleres, clínicas y conferencias para ayudar a miles con los trámites.
Un juez federal de Brooklyn a cargo de dos demandas que buscan prorrogar el DACA aseguró la semana pasada que la decisión del gobierno de no extender el plazo del 5 de octubre es “cruel” . “Esto es francamente inaceptable para mí como un ser humano en Estados Unidos”, sostuvo el juez Nicholas Garaufis.