La decisión coincide con la confirmación el viernes del proceso contra el cardenal Ezzati por parte de un tribunal de apelación chileno por no haber denunciado los abusos sexuales cometidos por tres curas.
Ezzati, el más alto dignatario de la Iglesia católica en el país sudamericano, fue convocado en octubre por un fiscal chileno y guardó silencio aunque prometió a la prensa su colaboración con la justicia.
Esta misma semana, el Papa rechazó, en nombre de la presunción de inocencia, la dimisión del cardenal francés Philippe Barbarin, condenado en primera instancia a seis meses de prisión condicional por no denunciar los abusos sexuales de un cura.
En octubre, Francisco aceptó con reticencia la dimisión del cardenal estadounidense Donald Wuerl, arzobispo de Washington, sospechoso según un jurado de haber escondido agresiones sexuales en Pensilvania (noreste) aunque no estaba bajo amenaza de ser condenado directamente.
Chile es uno de los países más gravemente afectados por el escándalo de abusos sexuales cometidos por miembros de la Iglesia y por la gestión de sus autoridades eclesiásticas.
El papa Francisco efectuó una polémica visita a Chile en enero de 2018. En abril de ese año mandó una carta a los obispos chilenos en forma de mea culpa en la que reconocía “errores de apreciación” sobre el escándalo en la iglesia de Chile. Tras haber escuchado a las víctimas, el Papa convocó a todos los obispos chilenos al Vaticano en mayo de 2018 para tres días de introspección tras los cuales todos los obispos dimitieron.
Desde entonces, el Papa aceptó siete de esas dimisiones. A mediados de enero recibió a cinco prelados chilenos en el Vaticano, entre ellos a Ezzati, con el que tuvo un “diálogo muy fraternal”, según la conferencia episcopal chilena.