La ONG asegura que aún así no podrá operar legalmente.
Una fuente del Ministerio del Interior que prefirió mantener el anonimato confirmó a EFE que el Gobierno invalidó la orden, en la que daba a los empleados extranjeros de la organización humanitaria un plazo de quince días para abandonar el país.
“Nuestra compensación provisional para realizar operaciones en Pakistán caducó el 15 de mayo y nuestra petición para obtener un memorando de entendimiento está pendiente de decisión desde el último mes de 2013. Incluso si nuestras oficinas reabren, no podremos comenzar las operaciones”, lamentó Save the Children.
En un comunicado, la organización humanitaria indicó que el Gobierno no les ha comunicado la decisión sobre la reapertura de sus oficinas, al igual que no les informó al cerrarlas el pasado jueves, y defendió que ha “obedecido enteramente todas las instrucciones” del Ejecutivo.
Save The Children, que actúa en Pakistán desde hace 35 años, ya se enfrentó a problemas en ese país en 2012, cuando el Ministerio paquistaní de Interior expulsó a seis trabajadores extranjeros.
El Gobierno no dio ninguna razón entonces para la fulminante orden de expulsión, pero las actividades tanto de Save The Children como de otras organizaciones humanitarias levantan suspicacias en parte del aparato de seguridad del país.
Las sospechas se agudizaron después de la falsa campaña de vacunación contra la hepatitis orquestada por la CIA para capturar a Osama Bin Laden en la provincia de Khyber-Pakhtunkhwa, donde finalmente fue asesinado en mayo de 2011 por un comando de EEUU.
Save the Children negó cualquier participación en esa campaña o cualquier vínculo con el médico paquistaní, Shakil Afridi, quien fue detenido y condenado a 33 años de prisión por su participación en esa campaña.