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Hilda Legideño y Bernabé Abraján, en representación de los padres de familia de los jóvenes de la Normal Rural de Ayotzinapa, irán acompañados de un equipo jurídico del Centro deDerechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, una ONG que los asesora.
Los padres señalaron que pedirán al gobierno mexicano que no cierre el caso y que la Procuraduría General de la República redoble los esfuerzos en la búsqueda de sus hijos.
Los jóvenes fueron detenidos y atacados a balazos por policías municipales cuando llegaban el 26 de septiembre pasado a la ciudad de Iguala, estado de Guerrero, para supuestamente recaudar fondos para viajar a una protesta el 2 de octubre por la Matanza de Tlatelolco, cometida en 1968.
El alcalde José Luis Abarca, que renunció luego y está en prisión, ordenó frenarlos porque creía que iban a boicotear el informe que rendía su esposa como presidenta de la filial local de un organismo del gobierno que ayuda a familias desamparadas.
Según la fiscalía, los jóvenes fueron entregados luego a la banda armada Guerreros Unidos, que creyó que entre ellos había al menos dos miembros del grupo enemigo Los Rojos, los asesinó a todos, quemó sus cuerpos y los arrojó a un río en la vecina localidad de Cocula.