En el tramo final de la “ Caravana +43 por la memoria y la esperanza ” , que se inició el 20 de diciembre en la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, en el estado sureño de Guerrero, los participantes llegaron este lunes al santuario, ubicado en el norte de la capital.
Los participantes portaban globos y fotografías de los jóvenes desaparecidos. Algunos de los padres llevaban imágenes de la Virgen de Guadalupe. La peregrinación fue recibida y bendecida por el obispo de Saltillo, Raúl Vera, quien ofició la misa por los 43.
Al concluir la celebración, el abogado de los padres, Vidulfo Rosales, declaró que fue una misa “tensa por este trato humillante de parte de las autoridades de la Basílica hacia los padres de Ayotzinapa ”. Refirió que incluso el obispo Vera lamentó durante la celebración religiosa que esta no se efectuara en el altar central del santuario, sino en una capilla del mismo.
“No venimos a otra cosa más que a reafirmar nuestra fe. Emplazamos a la Iglesia a que asuma un compromiso con la igualdad, porque nos cerraron las puertas para impedirnos llegar a la Virgen, a la que le pedimos fortaleza”, declaró el letrado. Asimismo, calificó de “vergonzoso que al lado del altar hayamos tenido a la Policía Federal, cuando ni en las reuniones en la Secretaría de Gobernación los tenemos”.
Abrumados por el dolor de la ausencia, los padres de los 43 de Ayotzinapa pasaron la tercera Navidad sin sus hijos realizando su caravana con el objetivo de seguir removiendo conciencias y exigir el esclarecimiento de los hechos.
“Las 43 familias están reunidas para que nuestra voz llegue al Gobierno, porque nosotros no paramos ni en las fechas más importantes. Llegar a casa implica sentir la ausencia de nuestro hijo”, contó recientemente a Efe en una conversación telefónica Hilda Legideño, madre de Jorge Antonio Tizapa, uno de los desaparecidos.
Según la versión oficial, la noche del 26 de septiembre de 2014 los 43 estudiantes fueron arrestados por policías municipales en Iguala, Guerrero, y entregados a miembros del cártel Guerreros Unidos, quienes los asesinaron y quemaron en un basurero del municipio vecino de Cocula y arrojaron los restos a un río.
No obstante, esta línea de investigación ha sido cuestionada por varios organismos internacionales e investigaciones periodísticas, que apuntan a que hubo enormes irregularidades en las pesquisas y denuncian incluso la presencia de miembros del Ejército y la Policía Federal en los hechos.