Ambos legisladores oficialistas se limitaron a decir que respondieron a los interrogatorios y que están dispuestos a volver ante la Procuraduría General de la República cada vez que sean requeridos.
“Estoy plenamente comprometida con la transparencia (...) el procurador general (Jean Alain Rodríguez) será quien hable después de agotado todo este proceso”, dijo Lizardo a los medios de prensa.
La senadora aseguró que siempre ha sido “respetuosa” de los procesos judiciales, y dijo que fueron “varios” los contratos de infraestructuras públicas entre el Estado y Odebrecht que conoció cuando fue presidenta del Senado.
En similares términos se expresó el senador Galán, quien dijo estar dispuesto a colaborar en todo lo que sea necesario, al tiempo de “agradecer” que se le haya permitido aportar al proceso de investigación.
La semana pasada fue interrogado el presidente del Senado dominicano, el también oficialista Reinaldo Pared Pérez, quien aseguró que “nunca” ha tenido vínculos con directivos de la multinacional brasileña.
De acuerdo con Pared Pérez, ni en su gestión ni en la de Lizardo “ha habido ningún tentativa o intento de soborno para la aprobación de alguna obra”.
Pared Pérez fue citado semanas después de los interrogatorios practicados a los expresidentes del Senado Andrés Bautista y Jesús Vásquez, ambos del opositor Partido Revolucionario Moderno (PRM) , quienes han negado cualquier vinculación con la constructora brasileña.
Este lunes, el procurador general dominicano, Jean Alain Rodríguez, aseguró haber recibido informaciones de los organismos de seguridad del Estado sobre una trama “bien organizada” impulsada por empresarios y políticos implicados en los sobornos admitidos por Odebrecht para desacreditarlo en este caso.
La trama, señaló el procurador en un comunicado, consiste en la divulgación de noticias falsas por parte de los empresarios y políticos con la intención de desacreditarlo a él y a los fiscales que participan en las pesquisas sobre este caso en el país.
Sin embargo, indicó, esto no le va a “amedrentar” ya que su compromiso “es llegar hasta el fondo para encarcelar y someter a la Justicia a todo aquel que se le compruebe responsabilidad en los delitos admitidos por la constructora brasileña”.
En diciembre de 2016, el Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló documentos en los que detallaba presuntos sobornos por unos 788 millones de dólares de parte de la empresa brasileña en 12 países de América Latina y África, entre ellos la República Dominicana, donde Odebrecht aseguró haber pagado 92 millones de dólares para acceder a contratos de obras de infraestructuras.
La multinacional y la Procuraduría dominicana firmaron en enero pasado un acuerdo a través del cual Odebrecht se comprometió a pagar el doble de lo que aseguró haber entregado en calidad de sobornos.
Sin embargo, un juez declaró el pasado 1 de marzo inadmisible este procedimiento debido a que en el mismo la Procuraduría apeló a la figura de la conciliación, una acción que se utiliza para dirimir conflictos “entre querellantes y querellados”, lo que no procede en este caso, de acuerdo con el fallo emitido por el magistrado, por lo que el acuerdo fue devuelto a las partes.
Tras destaparse el escándalo de los sobornos, grupos sociales locales articulados en el colectivo “Marcha Verde” han exigido a través de marchas y concentraciones, el sometimiento a la Justicia de los involucrados en los sobornos admitidos por la constructora.
Este martes, precisamente, la entidad convocó a una marcha que realizará el domingo venidero en la ciudad de Santiago (norte), una semana después de concluir en Santo Domingo el recorrido de la “llama verde”, con la que simbolizaron su protesta en varias ciudades del país.