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El fallo emitido en una sesión extraordinaria por la Sala Plena del tribunal la madrugada de este jueves declaró procedente la orden de detención en contra de Ferrer solicitada por Tarek William Saab, fiscal general provisional designado por la constituyente.
Ferrer, ex diputado chavista, fue acusado en la víspera de liderar junto algunos funcionarios del Ministerio Público una red que extorsionaba presuntamente a empresarios petroleros sospechosos de corrupción.
Según el Ministerio Público, existen pruebas originales que demuestran que el marido de Ortega Díaz y otros acusados abrieron varias cuentas con depósitos de hasta 6 mil millones de dólares en las Bahamas.
“De conformidad con lo dispuesto en el artículo 116 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia declara procedente la detención del ciudadano diputado Germán Darío Ferrer”, expresó el fallo judicial publicado en el portal electrónico del poder Judicial.
Destacó que existen las evidencias para determinar su responsabilidad por los delitos de corrupción propia, enriquecimiento ilícito y extorsión, previstos en las leyes venezolanas. Además, determinó que no es procedente la realización de “un antejuicio de mérito” a Ferrer porque existe “flagrancia en el delito”. Asimismo, ordenó enviar copia de las actuaciones a Delcy Rodríguez, presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, para que el organismo plenipotenciario decida sobre si se allana la inmunidad del parlamentario.
A su vez, el opositor Julio Borges, presidente de la Asamblea Nacional, declaró nulo el procedimiento legal emprendido contra el diputado Ferrer, tras destacar que todo parlamentario posee inmunidad que solo puede ser levantada” por el Parlamento.
“Todo lo que ha sucedido hoy es contradictorio, la ANC no tiene capacidad de crear un procedimiento de este tipo. La única Constitución vigente es la del 1999, no hay otra regla, por más que les dé la gana no pueden crear una regla distinta”, afirmó Borges anunció que solicitará a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) protección a la integridad y derechos delos integrantes del Legislativo y denunciarán el caso ante el comisionado de derechos humanos del organismo internacional y a la Unión Interparlamentaria Mundial.
“No sabemos si esas pruebas son verdaderas o que fue lo que sucedió, es una orden política y partidizada, y es parte de la tragedia de corrupción, violencia y falta de Derechos Humanos”, aseveró.