Al término de su periodo de sesiones en Ginebra, el comité hizo público hoy su informe final sobre el cumplimiento por parte de Argentina de la Convención Internacional sobre las Desapariciones Forzadas, en vigor desde fines de 2010.
Entre las observaciones y recomendaciones que presentó, el órgano de Naciones Unidas expresó su preocupación “por la existencia de nuevos casos de desaparición forzada que hacen víctimas, particularmente, a personas jóvenes en situación de extrema pobreza y marginación social”.
Precisó que estas desapariciones “son realizadas aplicando métodos policiales violentos, haciendo uso arbitrario de la detención y utilizando la desaparición como método” para encubrir otros delitos y buscar la impunidad.
Este problema puede estar relacionado con la falta de formación y control de los cuerpos policiales, dijo en una rueda de prensa el experto Rainer Huhle, miembro del comité encargado del informe sobre Argentina.
Huhle precisó que los casos en cuestión, a los que denominó “formas de desaparición contemporáneas”, son seis y ocurrieron en la última década.
Por otra parte, el comité apuntó su preocupación por la existencia de normas nacionales que permiten la detención administrativa, sin orden judicial previa o control judicial posterior, y fuera de los supuestos de flagrante delito.
Por esta razón, recomendó a Argentina adoptar las medidas que sean necesarias para asegurar que toda persona detenida sea sometida a un control judicial inmediato.
Asimismo, dijo que los casos de traslados a los centros de detención de modo arbitrario o para encubrir sanciones impuestas fuera de los procedimientos regulares, “exponen al interno al riesgo de desaparición forzada”.
“Cuando no hay control transparente puede haber ocasión para una desaparición forzada”, insistió Huhle.