“Los sobornos pagados por los ciudadanos afganos equivalen al doble de los ingresos internos de Afganistán y a un cuarto de las promesas realizadas en la cumbre de Tokio”, denunció Jean-Luc Lemahieu, el representante regional de la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC, por su sigla en inglés).
La corrupción tiene una dimensión social en Afganistán: el 68% de las 6.700 personas interrogadas considera normal que un funcionario acepte pequeñas cantidades de dinero para completar su salario, señala el UNODC.
Alrededor del 67% de los encuestados considera aceptable que la contratación en la administración pública se haga por vínculos de parentesco o de amistad.
“Los afganos saben que la corrupción está corroyendo el tejido social. La solución no pasa sólo por el gobierno sino por la sociedad en su conjunto”, añadió Lemahieu.
En julio, la conferencia de Tokio de donantes sobre la ayuda civil y el desarrollo en Afganistán decidió otorgar 16.000 millones de dólares sobre un periodo de cuatro años a este país con la condición de que progrese en materia de transparencia y de los derechos humanos, sobre todo de las mujeres.