Es algo que el organismo ha dicho puede constituir crímenes contra la humanidad.
En una resolución adoptada sin votación, el Consejo decide “desplegar urgentemente una misión internacional independiente designada por el presidente (de dicho Consejo), a fin de establecer los hechos y las circunstancias de los abusos y de las recientes presuntas violaciones de derechos humanos por parte de fuerzas militares y de seguridad en Birmania y en particular en el estado de Rakhine”.
Esta misión debe centrarse, pero no limitarse, en detenciones arbitrarias, torturas y tratos inhumanos, violaciones y otras formas de violencia sexual, ejecuciones extrajudiciales, asesinatos arbitrarios o sumarios, desapariciones forzosas, desplazamientos forzados y destrucciones ilegales de propiedades.
El objetivo es “asegurar la plena rendición de cuentas por parte de los autores, y justicia para las víctimas”, indica el texto, en el que el Consejo insta al Gobierno birmano a cooperar plenamente con la misión y garantizarle pleno acceso a información, a investigaciones nacionales, a la zonas que quiera visitar y a todos los interlocutores necesarios para llevar a cabo su trabajo.
El Gobierno de Aung San Suu Kyi ha creado una comisión de investigación encabezada por el vicepresidente, U Myint Swe, pero el Consejo ha decidido que las presuntas violaciones de las que la ONU ha dado cuenta requieren la implicación de la comunidad internacional ante la duda sobre la independencia de ese órgano.
Pide no obstante al Gobierno que publique “sin demora” un informe creíble con las conclusiones de esta comisión y que evalúe aceptar ayuda externa para mejorar la capacidad de este órgano o de futuros.
El pasado 13 de marzo, la relatora de la ONU para Birmania, Yanghee Lee, insistió en la necesidad de una comisión internacional de investigación porque consideraba que “no se puede dejar ni una piedra sin levantar” en ese país a la luz de las presuntas violaciones de derechos humanos y que la comunidad internacional debe pronunciarse “con una sola voz, de manera unida y fuerte”.
La experta pidió investigar “la discriminación sistemática, estructural e institucional en las políticas, la legislación y la práctica, así como en la persecución de larga data contra la minoría rohinyá y otras minorías en el estado de Rakhine (oeste), con atención en los episodios violentos de 2012 y 2014 y en las operaciones de seguridad posteriores a los ataques del 9 de octubre (pasado), que pueden representar crímenes contra la humanidad”.
La relatora dijo que “todo lo que ha oído y visto apunta a que se cometieron crímenes contra la humanidad”.
Unas mil personas han muerto y unas 97.000 han sido desplazadas en Rakhine por la operación de castigo que el Ejército inició tras el asalto armado del 9 de octubre contra tres puestos fronterizos atribuido a rebeldes rohinyás.
Al menos 73.000 rohinyás han huido a Bangladesh a raíz de la operación en la que, según numerosos organizaciones, los militares han cometido todo tipo de abusos con la población civil, incluidos asesinatos, violaciones y quema de casas.
La organización Human Rights Watch (HRW) calificó la resolución de “paso clave” para la prevención de abusos futuros y la rendición de cuentas en Birmania.