Se sospecha que puede haber siete fosas más en la misma región. Así lo anunció hoy ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU Andrew Gilmour, responsable del Alto Comisionado en Nueva York y del seguimiento de las atrocidades cometidas en ese país africano.
En los últimos meses, reiterados informes y pronunciamientos públicos del Alto Comisionado han denunciado las masivas violaciones a los derechos humanos que cometen en RDC tanto las fuerzas gubernamentales como algunos de los grupos armados en el país.
El pasado julio, una ola de violencia a gran escala estalló en la provincia de Kasai Central y se expandió posteriormente a las vecinas Kasai y Kasai Oriental, y desde entonces las atrocidades no han hecho más que aumentar.
Gilmour hizo un pormenorizado recuento de centenares de asesinatos el año pasado, y más de un centenar en lo que va de año. Además, denunció la existencia de “diez fosas comunes confirmadas en el contexto de esta crisis, y hay alegaciones de al menos siete más que nuestros equipos quieren verificar”.
“Condenamos el excesivo uso de la fuerza y las ejecuciones extrajudiciales por las fuerzas de seguridad y de defensa, y pedimos que cumplan estrictamente lo que establece la ley internacional de derechos humanos”, agregó.
Recordó que en línea con sus obligaciones internacionales, el Gobierno de la RDC debe garantizar que sus fuerzas de seguridad, incluidas la Policía y el Ejército, respeten y protejan la vida, y solo recurran a las armas de fuego como último recurso cuando su vida corra peligro inmediato o puedan quedar gravemente heridos.
Asimismo, el Alto Comisionado condenó los asesinatos cometidos por las fuerzas de la milicia de Kamuina Nsapu -activa en la región- y el hecho de que reclute a niños.
El conflicto surgió en abril de 2016 entre el líder local Kamuina Nsapu y el Gobierno del país africano, que no reconocía su autoridad en la región. Después de la muerte de Kamuina Nsapu a manos del Ejército sus seguidores se radicalizaron y empezaron a atacar instituciones estatales.
Guilmour denunció también “la ola de violencia” entre las comunidades Twa y Luba en la provincia de Tanganyka, que ha dejado al menos 127 muertos desde septiembre de 2016, y donde se han registrado 120 víctimas de violencia sexual.
La ONU tiene desde 1999 una misión sobre el terreno (MONUSCO) que considera sigue siendo necesaria para contribuir a la estabilización del país, inmerso en un frágil proceso de paz tras la segunda guerra del Congo (1998-2003).
En marzo del año pasado, el Consejo de Seguridad de la ONU decidió renovar el mandato de esta misión y mantener a los casi 20.000 efectivos militares desplegados en el país, pese a la petición del Gobierno de Kinshasa de reducirla.
El Consejo de Seguridad evaluó el martes esta eventual reducción pero pospuso su decisión hasta la próxima semana, cuando se discuta de nuevo la renovación del mandato.