Eso indica este lunes un informe de Naciones Unidas.
En este documento dedicado al trato de las minorías étnicas y religiosas en Birmania, el Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU denuncia “una serie de gravísimas violaciones de los derechos humanos contra los rohingyas (...) que da a entender un ataque de gran envergadura o sistemático (...) que podría desembocar en una posible acusación de crímenes contra la humanidad ante un tribunal”.
Esta minoría de más de un millón de personas, algunas de ellas instaladas en Birmania desde hace generaciones, sigue considerada como una minoría de migrantes ilegales provenientes del vecino Bangladés. En el Estado de Rakhine (oeste de Birmania), más de 100.000 rohingyas siguen hacinados en campos de desplazados desde las violentos enfrentamientos intercomunitarios entre budistas y musulmanes que dejaron más de 200 víctimas en 2012, sobre todo musulmanes.
A principios de marzo, la ONU lanzó la alarma sobre esta minoría, aún obligada a vivir en “condiciones terribles” debido a que mueren muchos niños, sobre todo por la falta de acceso a cuidados médicos.