En la primera jornada de las dos que durará el “III Seminario Internacional” sobre la lucha contra la trata que se celebra en Asunción, Velázquez recalcó el “gran avance ” en el plano legislativo que ha dado el Estado paraguayo en el “combate frontal” contra el crimen especializado en la trata de personas.
Paraguay rescató a más de 300 víctimas de la trata entre 2014 y 2016, según datos de la Comisión para la Prevención y el Combate a la Trata de Personas. En tanto que la OIM asistió entre 2006 y 2016 a 8.500 personas víctimas de trata de 75 nacionalidades distintas y en 83 países del mundo, según su representante.
Concretamente, reconoció “el gran trabajo hecho por el Ministerio Público con un enfoque hasta social, brindando asistencia y cobertura humanitaria a estas víctimas que tienen particularidades bien definidas: son pobres, de escasa cualificación educativa y de mucha vulnerabilidad”.
No obstante, “hay un gran camino por recorrer”, advirtió, e insistió en que, además de fijar una estrategia de lucha contra la trata a nivel nacional, Paraguay “debe establecer un fondo de inversión que permita contar con la asistencia y los servicios adecuados ” para las víctimas.
Por su parte, el director ejecutivo de la Coordinadora paraguaya por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia (CDIA), Aníbal Cabrera, admitió que, aunque “tenemos una ley bastante buena, la gran brecha sigue siendo tener recursos financieros para poder cumplir” ese marco jurídico.
Además, afirmó que se debe incidir en las “cuestiones estructurales” que llevan a una persona a caer en las redes criminales de la trata, como la pobreza, la desigualdad social o las dificultades de esos colectivos para acceder a la justicia.
En el mismo sentido se pronunció la fiscal general del Estado, Sandra Quiñónez, presente en la apertura del simposio, que explicó que esa situación de vulnerabilidad “las convierten en blancos fáciles” para esos grupos criminales “que se aprovechan de esa debilidad y se lucran a partir de sus necesidades básicas”.
El encuentro tiene como ejes principales de discusión, la mejora de la inversión en la batalla contra la trata de seres humanos y el refuerzo de la colaboración internacional para desarticular las organizaciones criminales que trafican con personas.
La ONU define la trata como “la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas”, con amenazas, fuerza u otras formas de coacción que dejan a los afectados en “situación de vulnerabilidad”. Dichas prácticas incluyen la explotación sexual o laboral, la mendicidad, la venta de órganos o los embarazos forzados con fines de adopción.