El Congreso adoptó hace 15 días una ley en la que vuelve a prohibir al Pentágono utilizar fondos para transferir a territorio estadounidense a detenidos en la polémica cárcel montada en suelo cubano hasta el 31 de diciembre del año próximo.
El cuasi consenso logrado para aprobar esta ley monumental se explica por el hecho que concierne al conjunto de las actividades de defensa en 2016. Guantánamo es apenas un capítulo de ese texto.
“Las restricciones inscritas en esta ley respecto a Guantánamo son, como ya lo he dicho, injustificadas e improductivas”, afirmó Obama en un comunicado en el que explica su postura.
“Mantener este sitio no es coherente con los intereses de la nación y debilita nuestra reputación en el mundo”, agregó, y estimó que es tiempo de que el Congreso trabaje junto al Poder Ejecutivo en el cierre de esta cárcel.
La Casa Blanca está preparando un nuevo plan -anunciado hace largo tiempo- para lograr la clausura de esta controvertida prisión abierta hace 13 años, luego de los atentados del 11 de setiembre de 2001.
Si, como es previsible, ese plan vuelve a chocar con la mayoría del Congreso, la presidencia no excluye recurrir a un decreto, pero en ese caso se plantearía el tema del margen de maniobra de que dispone el mandatario, un punto que podría estar en el centro de una intensa batalla jurídica.
Barack Obama, que no ha dejado de reafirmar su promesa de las dos últimas campañas presidenciales, considera absurdo “gastar tres millones de dólares por prisionero para mantener una cárcel que el mundo condena y que los terroristas utilizan para reclutar” adeptos.