El dispositivo involucra a 900 hombres, apoyo de blindados, aeronaves y equipos pesados de ingeniería, para la “estabilización” y la “desobstrucción de calles” en la Comunidad Vila Kennedy, al oeste de Río, informó el comando a cargo de la seguridad en el estado.
“Podrían realizarse detenciones” por parte de la Policía Civil, añadió la nota. El ejército también podría cerrar algunas arterias y restringir el espacio aéreo “para aeronaves civiles”.
Los militares ya estuvieron el sábado en Vila Kennedy para retirar las barricadas colocadas por los traficantes en plena calle para obstruir el paso, pero éstas reaparecieron poco después de que se fuera el contingente. En una plaza de la favela donde hay un mercado pequeño, un periodista de la AFP vio a unos 30 soldados fuertemente armados, próximos a un vehículo blindado.
“Cuando los militares están aquí, la situación se tranquiliza, pero cuando se van, vuelve el infierno. El gobierno debería tener otras prioridades como mejorar la educación para que los jóvenes no vean el tráfico como la única opción”, dice Rosanne Pinheiro, vendedora de un quiosco de periódicos de 49 años.
“Ni me acuerdo de las veces que me tuve que esconder porque los tiroteos estallaban”, cuenta, mientras muestra un impacto de bala en la pared metálica de su quiosco. Varias personas que circulaban en moto por la favela fueron obligadas a detenerse para controles de identificación de los militares, constató un periodista de la AFP.
Vila Kennedy ya tuvo una intervención el pasado 23 de febrero en el marco del anterior operativo de Garantía de la Ley y el Orden (GLO), que desde julio del año pasado envió a 8.500 militares a Río para apoyar a las fuerzas policiales. En ese caso, más de 3.200 uniformados entraron en la favela y generaron polémica al hacer “fichajes” a la población, obligando a los vecinos a pararse y tomarles fotos con su cédula de identidad para verificar que no tuvieran antecedentes penales.
El mes pasado, el gobierno decidió intervenir el área de seguridad del estado de Rio para detener “la metástasis” de violencia -según la definición de Temer- que se desató tras los Juegos Olímpicos 2016, mayormente vinculada al narcotráfico.
La medida, sin antecedentes desde el retorno de la democracia en 1985, fue criticada por defensores de los derechos humanos, que temen que durante las operaciones se cometan abusos contra los habitantes de esas barriadas pobres.
En los últimos meses, las fuerzas de seguridad realizaron una docena de operaciones en Río, arrestaron a 260 personas y confiscaron armas y narcóticos, que no lograron frenar la escalada de violencia.