“En ocasión de Semana Santa, y promoviendo la unidad familiar, 636 personas presas recluidas en los distintos establecimientos penitenciarios (...) serán beneficiadas con el régimen de convivencia en familia”, indicó el Ministerio de Gobernación en un comunicado.
Esta modalidad permite a los prisioneros con penas menores concluir su condena de arresto en sus casas. Horas después del anuncio, la cancillería informó que en la lista “se incluyó a 36 personas detenidas” en el marco de las protestas iniciadas hace un año contra el gobierno de Daniel Ortega.
Dijo que los 36 opositores aparecen en la lista que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos envió a la cancillería en marzo. Entre los excarcelados no se encuentran sin embargo ninguno de los dirigentes opositores y estudiantiles que encabezaron las protestas, ni los dos periodistas, Miguel Mora y Lucía Pineda, detenidos por informar sobre las protestas.
La Mesa de Corroboración de Presos Políticos de la oposición había dicho previamente que la lista incluía a 18 opositores. “El gobierno está jugado, está haciendo trampa”, dijo a la AFP Lylliam Ruiz, miembro del Comité Pro Liberación de Presos Políticos (CPLPP), sobre la decisión del ejecutivo de incluir opositores en las listas de presos comunes.
La oposición calcula que cerca de 800 personas están detenidas por participar en las protestas contra el gobierno de Ortega, mientras que las autoridades solo reconocen a 350.
El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) trabaja con las partes para consensuar el número de opositores presos. El gobierno de Ortega se comprometió en marzo a liberar a “todos” los manifestantes en las negociaciones que mantiene con la oposición, pero hasta la fecha solo ha enviado a 236 a arresto domiciliario.
“El gobierno no avanza en la liberación de más presos políticos como se ha obligado” en el diálogo, reclamó la opositora Alianza Cívica por la Justicia y Democracia (ACJD) en un comunicado. La verdad es que “el gobierno no tiene voluntad de sacar” a los opositores de la cárcel, declaró a AFP Sara Oporta, miembro del CPLPP.
Calificó como “una burla” que el gobierno excarcele a tantos presos comunes y deje a los manifestantes tras las rejas. Entre diciembre y febrero pasado el gobierno había efectuado dos excarcelaciones de reos comunes que beneficiaron a 2.908 personas.