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El gobierno se había comprometido el miércoles a liberar a “un núcleo apreciable” de presos para destrabar la negociación con la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD), que busca superar la crisis desatada por la violenta represión a las protestas antigubernamentales del año pasado.
La alianza opositora ha exigido reiteradamente la liberación de centenares de detenidos, a los que considera “presos políticos”, para seguir adelante con las conversaciones.
Y este viernes, el ministerio de Gobernación informó de la salida de prisión de 50 personas, que “han recibido el beneficio legal de convivencia familiar (casa por cárcel) u otras medidas cautelares.
La medida fue tildada de “insuficiente” por opositores, algunos de los cuales han optado por mantenerse al margen del diálogo hasta que sean liberados todos los presos.
Aún así, las partes volvieron a reunirse este viernes con la presencia del nuncio apostólico, Waldemar Stanislaw Sommertag, como testigo, y del enviado especial de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Angel Rosadilla.
El gobierno de Ortega accedió hace unos días a volver a la mesa de negociaciones -luego de varios meses- bajo una creciente presión internacional, con sanciones de Estados Unidos y amenazas de la Unión Europea, y un severo colapso económico como consecuencia de la prolongada crisis.
El de este viernes es el segundo grupo de detenidos por las protestas que sale de la cárcel, luego de que un centenar de personas fuera puesto bajo arresto domiciliario el 27 de febrero, poco antes del reinicio del diálogo entre el gobierno y la oposición. Entre los liberados no aparece ninguna de las figuras principales de la oposición a Ortega.
Los detenidos fueron sacados de la cárcel lejos de la vista de familiares y la prensa que esperaban fuera del penal, a quienes les hicieron creer que los excarcelados iban en cuatro autobuses con las ventanas cubiertas, pero en realidad eran trabajadores del penal.
Pese al engaño, decenas de personas salieron a la acera de sus casas para observar el paso de la caravana de autobuses y algunos agitaron banderas de Nicaragua en saludo a quienes creían estaban dentro, aunque no pudieran verlos.
“Me parece una crueldad la forma en que el gobierno está haciendo esto. No informa, no dice a quiénes está sacando, pese a que en las afueras de la cárcel están familiares, ni dice a dónde los lleva”, dijo a la AFP la delegada de la alianza en el diálogo Azáhalea Solís.
La alianza opositora tiene en sus registros a 677 detenidos en distintas cárceles del país, según un listado que le presentó el jueves a la delegación del gobierno, cuando discutieron los mecanismos de liberación.
Solís, una de las delegadas que se retiró el jueves de la mesa de diálogo a la espera de la liberación de la totalidad de los detenidos, valoró que la cantidad de personas excarceladas “es insuficiente” y aseguró que el gobierno continúa dándoles un trato “denigrante”.
La opositora insistió en que “la demanda es la misma: libertad incondicional de los presos políticos y la nulidad de todos esos juicios” condenatorios.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) valoró en Twitter la excarcelación de presos en el avance del diálogo, pero demandó al Estado “aclarar el estatus de estas excarcelaciones y liberar a todos los presos políticos”.
El bloque opositor Unidad Nacional Azul y Blanco convocó para este sábado una manifestación en Managua para reclamar la liberación de todos los presos de las protestas, pero la policía anunció este viernes que no la autorizará.
Un comunicado de la policía señaló que la convocatoria a la marcha representa “la continuidad de provocaciones y crímenes terroristas y golpistas, que sembraron en Nicaragua luto, aflicción, dolor, y han dejado tantas pérdidas de vidas”.
Los organizadores dirigieron una carta al nuncio Sommertag y a Rosadilla para solicitarles interceder ante el gobierno para que les permita manifestarse.
Permitir la manifestación “será un indicativo importante para los nicaragüenses y la comunidad internacional sobre la voluntad política de Ortega con el diálogo en marcha”, señala la misiva.
Las manifestaciones antigubernamentales estallaron el 18 de abril en rechazo a una reforma a la seguridad social, pero derivaron en una demanda para la renuncia de Ortega, de 73 años, al que acusan de corrupción y de instaurar una dictadura.
Organismos de derechos humanos estiman que la violencia generada en las protestas dejó 325 muertos, cientos de detenidos y miles de exiliados.